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Condenan por estafa y falsedad a cuatro hermanos que simulaban padecer la enfermedad de catatonia

4 de Mayo de 2018

Fingían estar enfermos para cobrar pensiones por invalidez de la Seguridad Social. La Audiencia de Las Palmas declara prescritos los delitos del médico que les ayudó con recetas e informes

CGPJ

La Audiencia de Las Palmas ha condenado a distintas penas que oscilan entre los tres años y seis meses y los veintiún meses de cárcel por un delito de estafa en concurso medial con un delito de falsedad a cuatro hermanos residentes en Gran Canaria que entre 2006 y 2009 simularon graves dolencias ante la Inspección Médica -entre otros cuadros patológicos, la catatonia, un síndrome neuropsiquiátrico caracterizado por anomalías motoras- con el fin de obtener las más altas prestaciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por incapacidad laboral "lo más severa posible".

Según detalla el fallo, los imputados lograron engañar a los médicos del Ministerio de Trabajo en algunos casos de forma natural, simplemente simulando enfermedades, pero en otros valiéndose de "la ingesta de productos médicos y/o farmacológicos".

La sentencia declara probado que entre 2006 y 2009, los cuatro hermanos, con el propósito de obtener un beneficio patrimonial ilícito en perjuicio de la arcas públicas, "se confabularon para, en la medida de su situación laboral y personal, y previa tramitación de los oportunos expedientes administrativos ante el INSS, obtener la declaración de incapacidad más severa posible, que les permitiera obtener las prestaciones sociales en función del grado de incapacidad alcanzado, simulando para ello unos padecimientos que no se correspondían en absoluto con su situación clínica bien por no existir en modo alguno, bien por ser exacerbados -de manera natural o con la ayuda de la ingesta de productos médicos y/o farmacológicos-" .

La resolución judicial absuelve al médico que les ayudó a consumar el fraude, al considerar que los delitos de estafa agravada y falsedad de los que venía siendo acusado por el Ministerio Fiscal están prescritos en la actualidad.

Además de la condena penal, la sentencia obliga a los acusados a abonar a la Seguridad Social indemnizaciones por un valor total de 86.237 euros, a la mutualidad Muprespa en 14.374 euros y a la entidad Mapfre con 172.365 euros.

Contra la decisión judicial cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

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