El sindicato de funcionarios CSIF estudia interponer acciones legales para garantizar el anonimato, tanto de jueces como del resto de los funcionarios de la Administración de Justicia, en los escritos que se tramitan por los medios informáticos de gestión procesal.
CSIF apoya las quejas y reclamaciones de las asociaciones de jueces, que han solicitado garantías para que no figuren los datos personales, tales como el DNI o el correo electrónico, de los jueces y magistrados en las resoluciones judiciales que se dictan con firma electrónica.
Eso sí, CSIF considera que estas medidas deberían aplicarse a todos los funcionarios, que por ley están obligados a utilizar los medios informáticos de gestión procesal, y no solo a los jueces, desde la entrada en vigor el pasado 1 de enero del sistema LexNet.
Una opción, según el sindicato podría pasar por el uso de números de identificación, en vez del nombre, tal y como sucede con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Esta medida también ha sido propuesta por las asociaciones de jueces en una carta que remitieron la semana pasada al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
CSIF viene alertando desde hace tiempo sobre la falta de protección de los funcionarios que tramitan los procedimientos y el riesgo existente para su propia seguridad física, especialmente en el orden penal.
AL ALCANCE DE "DELINCUENTES COMUNES"
"Como consecuencia del tipo de trabajo que realizamos y teniendo en cuenta los usuarios con los que nos relacionamos diariamente en nuestros órganos judiciales (investigados, detenidos, procesados, condenados por todo tipo de delitos, delincuentes comunes, incluso entidades bancarias, de seguros, etcétera), los datos del personal de la administración de justicia, sin excepción, son más que sensibles y su publicidad puede comprometer gravemente nuestra seguridad", advierten los funcionarios.
Añaden que este problema de falta de protección de datos afecta al uso de lexNET y a algunas de las plataformas de gestión procesal entre las que destaca Minerva, gestionada por el Ministerio de Justicia y el Punto Neutro Judicial (punto de acceso informático a bases de datos externas, donde figuran los datos del funcionario que realiza la consulta y que gestiona el CGPJ).
"Si, como dicen los jueces y magistrados, no es admisible que sus datos figuren en las resoluciones que dictan, mucho menos tienen que figurar los datos personales de quienes no dictan esas resoluciones pero se encargan de su tramitación y comunicación", concluye el CSIF en su nota.
