Caamaño anuncia que una próxima reforma del Código Penal tipificará la corrupción entre particulares.
El Ministro de Justicia ha avanzado en una entrevista que el proyecto para la reforma del Código Penal que el Gobierno enviará al Congreso de los Diputados cuando se retome el próximo periodo de sesiones, en el mes de septiembre, tipificará por primera vez los delitos de corrupción entre particulares; y no sólo en lo referente a funcionarios públicos, como estaba previsto hasta ahora.
La reforma del Código Penal es un tema que está pendiente en el Ministerio de Justicia desde que el anterior Anteproyecto, que preveía una enorme reforma, sufrió el varapalo más grande de los que se recuerdan en el Consejo General del Poder Judicial; a causa no sólo de preceptos que rozaban la inconstitucionalidad, sino de previsiones que, en la práctica, eran técnicamente inviables.
Dicho Anteproyecto ya se ponía al día en gran medida en cuanto a las nuevas formas de delincuencia se refiere (responsabilidad penal de las personas jurídicas, el acoso laboral, comercio con personas, piratería etc.
El nuevo equipo ministerial tiene previsto retomar esto a la vuelta del verano, subsanado los defectos técnicos previos. Pero además, incorporando algo nuevo, muy acorde a la actualidad política esta temporada: las nuevas modalidades de corrupción.
"Hasta ahora, la corrupción sólo se ve entre funcionarios públicos o servidores públicos y particulares. Sin embargo, se van a admitir también y regular por primera vez las fórmulas de corrupción entre particulares", explica Caamaño en una entrevista concedida a Europa Press, en la que añade que la reforma incluirá también aspectos muy novedosos como la tipificación de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas.
El Anteproyecto de Ley, que fue aprobado por el Consejo de Ministros en noviembre pasado, contempla penas de seis meses a cuatro años de cárcel para los directivos o empleados de empresas privadas que ofrezcan o acepten sobornos. El tipo penal, equiparable al que castiga el cohecho para los funcionarios públicos, pretende garantizar "la competencia justa y honesta entre empresas y evitar actos de corrupción entre los administradores de distintas empresas".
De esta forma, según explica Caamaño, el nuevo Código Penal perseguirá, además de las fórmulas de corrupción entre particulares, "las negociaciones económicas con daño, por ejemplo, para accionistas o con informaciones en contra de la licitud de las empresas a las que uno pertenece y ante las que tiene cabalmente que responder".
Delitos cometidos por empresas
En relación con la responsabilidad criminal de las personas jurídicas, el Ministro explicó a Europa Press que el proyecto acabará con la idea tradicional de que delinquen las personas y no las sociedades. "Vamos a incorporar también la posibilidad y la cultura de que las personas jurídicas también cometen delitos, con todas las consecuencias que eso tiene para levantar, por ejemplo, el velo de empresas pantalla", ha afirmado.
Para ello, se adoptarán sanciones distintas a las que se imponen a las personas, como la incautación de bienes, la disolución o liquidación de la sociedad, la supresión de su presencia, la asunción o subrogación de los contratos que hayan realizados o la declaración de su nulidad cuando sean ilícitos.
De esta forma, Caamaño explica que "al margen de la personalidad de los individuos que formen parte de la sociedad y de sus administradores", la Administración judicial podrá incautarse de los bienes que se hayan obtenido "gracias a una gestión ilícita". Así, existirá mayor posibilidad para "sacar del mercado" -en palabras del Ministro- empresas que hayan funcionado como "un mero instrumento para la comisión del delito".
