La oficina del Defensor del Pueblo, que dirige María Luisa Cava de Llano, atendió el año pasado 34.674 expedientes, frente a los 22.287 gestionados en 2009. Esto supone un incremento del 55,58%, que responde principalmente al crecimiento registrado por las quejas colectivas, que pasaron de 3.626 en 2009, a 17.449 en 2010. Las quejas individuales, por su parte, se elevaron a 16.759. También experimentaron una fuerte subida las investigaciones de oficio, que alcanzaron los 466 expedientes, frente a los 269 del ejercicio precedente.
Por sectores de actividad administrativa, las quejas presentadas por los ciudadanos a título individual reflejan los efectos derivados de la crisis económica. Así, destacan las relacionadas con los sectores de la ordenación económica, tales como las referentes a las actuaciones de los bancos, las relativas a los impuestos y tributos o las que afectan al mercado de las telecomunicaciones.
Además, a los ciudadanos también les preocupan los problemas con la Administración de Justicia, concretamente los retrasos indebidos y la falta de medios. También sobresalieron los asuntos relacionados con el trabajo y la Seguridad Social; los temas relativos a la extranjería y la inmigración; o aquellos que tienen que ver con el urbanismo y la vivienda.
En cuanto a las quejas colectivas, la gran mayoría estuvieron relacionadas con la función pública y las políticas sociales, lo que es un indicador del malestar provocado en amplios colectivos sociales por las medidas adoptadas por el Gobierno y el Parlamento durante 2010 para combatir los efectos de la crisis económica.
Seguridad y Justicia
En 2010, el área de Seguridad y Justicia ha iniciado 3.540 expedientes de queja, de los cuáles 3.407 han sido quejas individuales, 62 colectivas y 71 de oficio.
El incremento de la litigiosidad se ha agudizado con motivo de la crisis económica y de nuevo los retrasos y dilaciones indebidas han vuelto a ser protagonistas de las quejas en materia de Administración de Justicia. También han sido una constante en los escritos de los ciudadanos la denuncia de la escasez de medios materiales y humanos o incluso la inexistencia de juzgados especializados en lugares donde debieran existir.
Ante la evidente disminución de los recursos públicos disponibles para cubrir los gastos de la administración judicial, resultaría una equivocación -en opinión de la oficina del Defensor del Pueblo- acudir a reformas legales para intentar solucionar todos los problemas. En este sentido, la institución muestra, en su memoria anual, su preocupación por las consecuencias negativas que reformas, como la tendente a la "agilización procesal", puedan tener para los ciudadanos. En el caso concreto de este proyecto de Ley, la Defensoría teme que limite las garantías de los ciudadanos ante la Justicia.
Administración penitenciaria
En 2010 la oficina del Defensor del Pueblo ha visitado 22 centros penitenciarios. La sobreocupación continúa siendo el mayor problema detectado y por este motivo, la institución mantiene su recomendación a la administración competente para que evalúe los efectos en la salud de los internos del uso compartido de celdas.
En relación a las denuncias de malos tratos, la Defensoría ha indicado a la administración penitenciaria la conveniencia de contar siempre con material fotográfico en los informes médicos que se realizan a los denunciantes.
Otra preocupación de la Institución es el uso de medidas alternativas a la prisión, por lo que reclama una eficaz planificación de los recursos que existen o puedan llegar a existir para la aplicación de las penas de trabajo en la comunidad, sustitutivas de las de privación de libertad.
Registros
La oficina del Defensor considera ineludible que se ponga solución a la situación de colapso en la que se encuentra el Registro Civil Central. Esta situación está impidiendo a muchos ciudadanos ejercer derechos que les corresponden legítimamente. Son numerosas las quejas de ciudadanos españoles que una vez contraído matrimonio en el extranjero se encuentran con la imposibilidad de inscribirlo en el Registro Civil español o que ven frustrado su matrimonio con un ciudadano extranjero por denegarles los cónsules la inscripción o celebración del matrimonio. Por la proliferación de estas quejas, se ha iniciado una investigación general sobre este tema.
Seguridad social y administración laboral
Las incidencias en la tramitación de las prestaciones por incapacidad temporal, o las dificultades de gestión del volumen de solicitudes de prestación por desempleo han protagonizado las quejas en materia de prestaciones de la seguridad social.
En materia laboral, la institución inició una investigación para conocer el alcance de los problemas que estaba atravesando el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) a la hora de gestionar el gran incremento de expedientes de indemnización, que había desbordado su estructura de personal y recursos. Tras recibir un informe del FOGASA explicando el desbordamiento que viven desde el inicio de la crisis, la institución remitió el citado informe al Ministerio de Trabajo para conocer si tenía previsto realizar alguna actuación para solucionar los problemas detectados. Trabajo ha informado de que se están realizando gestiones con el Ministerio de Economía para solventar las deficiencias detectadas.
