Bacigalupo destaca la “función preventiva” del Derecho Penal ante futuras crisis económicas
El magistrado del Tribunal Supremo Enrique Bacigalupo ha destacado en los cursos de verano de la Universidad Menéndez Pelayo de Santander la “función preventiva” que el Derecho Penal puede tener ante situaciones de crisis económica de “magnitudes tan significativas como la actual”. En este sentido, puso como ejemplo la “gran cantidad de hechos ilícitos” -la mayoría de carácter bursátil-, sobre los que la justicia penal “tendrá que ocuparse en los próximos tiempos”.
La gran reforma del Código Penal, con el penal económico como estrella, está al caer.
El Seminario "Crisis económica y derecho penal en la Unión Europea" con el magistrado del Supremo Enrique Bacigalupo y el Director de la Fundación Ortega y Gasset, Jesús Sánchez Lambas, como invitados ha servido de marco para realizar un análisis del estado de cosas.
¿Quiere ver cómo será la reforma?
Según explicó Sánchez Lambás, el Real Decreto-ley 5/2010, por el que se amplió la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal, incorpora algunas "novedades", entre ellas, la responsabilidad penal de las empresas y personas jurídicas, lo que representa, en su opinión, "una auténtica revolución de la dogmática penal".
"Las personas jurídicas, las sociedades y las empresas no van a ir a la cárcel, pero sí van a tener un sistema de multas de una envergadura extraordinaria", aseveró el director de la Fundación Ortega y Gasset, para quien se trata de un arma eficaz en la lucha contra la "corrupción privada", a la que se refirió como "el viejo problema de la estructura empresarial en España".
No obstante, reconoció que le ha llamado la atención que, aunque se establece la responsabilidad penal de las empresas, se excluye de ésta a las entidades públicas, los partidos políticos y los sindicatos. "Aunque también ocurre así en Italia, allí la exclusión del sector público empresarial no es tan radical como se ha hecho aquí", apuntó.
Preguntado sobre si esta medida puede atentar contra del derecho a la igualdad, Sánchez Lambás respondió que "probablemente no, porque cumplen unas funciones sociales". Asímismo, señaló que se ha construido un "sistema de responsabilidad" por el que se puede reclamar al Poder Ejecutivo, por el funcionamiento anormal del Estado, o al Poder Legislativo, cuando "un juez deja a un señor injustamente en la calle". "En el caso del Poder Legislativo, que es donde reside la soberanía nacional, parece que está excluido de la responsabilidad", concluyó.
