El objetivo general dominante es terminar el proceso de reestructuración del sector financiero español a marchas forzadas. Entraría en vigor a finales de 2013 o principios de 2014.
El texto que previsiblemente se va a aprobar el Consejo de Ministros de hoy viernes para que entre en los carriles de las cámaras parlamentarias establece que “Las cajas de ahorros, (…), deberán traspasar todo el patrimonio afecto a su actividad financiera a otra entidad de crédito a cambio de acciones de esta última y procederán a su transformación en una fundación bancaria, con pérdida de la autorización para actuar como entidad de crédito”. Continúa especificando que “los acuerdos de transformación y de constitución en fundación bancaria deberán producirse dentro del plazo de cinco meses desde el momento en que se verifique el cumplimiento de alguno de los supuestos previstos en el artículo anterior, sin que la caja de ahorros haya retornado a la situación previa, mediante la aplicación de un plan de retorno autorizado al efecto por el Banco de España”.
Las fundaciones bancarias mantendrán una participación en la entidad de crédito que será directa o indirectamente, de un mínimo del 10% del capital o de los derechos de voto del banco, o que le haga posible nombrar o remover de su cargo a algún miembro del órgano de administración bamncaria.
La fundación bancaria tendrá finalidad social y orientará su actividad principal a la atención y desarrollo de la obra social y a la adecuada gestión de su participación en una entidad de crédito. En la denominación de las fundaciones bancarias deberá hacerse constar la propia expresión "fundación bancaria", quienes podrán utilizar en su denominación social y en su actividad las denominaciones propias de las cajas de ahorros de las que procedan.
Los supuestos el los que las casas han de transformarse en fundaciones son:
- Que el valor del activo total consolidado de la entidad, según el último balance auditado, la cifra de diez mil millones de euros; o,
- Su cuota en el mercado de depósitos de la comunidad autónoma sea superior al 35 por ciento del total de depósitos de dicha comunidad.
En las negociaciones del Gobierno con las instituciones comunitarias se alcanzó el acuerdo de eliminar de la ley un plazo específico para llevar a cabo estos traspasos de activos, lo que habría provocado posiblemente su bajada de precio forzada al facilitarse la especulación "apurando" los inversores el plazo de traspaso para lograr un precio más bajo.
