El Pleno del Congreso de los Diputados ha dado luz verde este miércoles a la propuesta del grupo socialista en la que se insta al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a poner en marcha un plan de choque en la justicia para acabar con la «mala organización» y que ponga remedio a la «lentitud y los cuellos de botella» en las jurisdicciones más colapsadas.
Se trata de una de las 127 propuestas de resolución presentadas por los grupos a la Memoria del CGPJ de 2014 y que ha salido adelante con los votos a favor de toda la Cámara. En ella se pide que se adopten las medidas estructurales necesarias para agilizar las resoluciones de las causas pendientes.
El diputado socialista Pedro José Muñoz González ha defendido en su turno de palabra previo a la votación la necesidad de apostar por una mayor dotación de medios principalmente para los juzgados especializados y apostar por la formación de los jueces y magistrados, la cual tiene que ser continua.
Reforzar los mecanismos internos de democracia y buscar su eficiencia y eficacia mediante un sistema de auditorías en el que participen todos los operadores jurídicos son otras de las propuestas impulsadas por Unidos Podemos que se incorporan a la Memoria de 2014.
A propuesta del PNV y de Ciudadanos se solicita al órgano de gobierno de jueces la elaboración de un Libro Blanco en el que se haga un diagnóstico de las deficiencias que aquejan la justicia y las medidas para remediarlas.
PARIDAD Y FORMACIÓN
También con el rechazo del Grupo Popular ha salido adelante la propuesta por la cual se pide al CGPJ que ponga en marcha las medidas necesarias para tender a la paridad entre hombres y mujeres, puesto que pese a que estas últimas son mayoría en la carrera judicial, los hombres ocupan más puestos en Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia.
Sobre este punto ha hecho especial mención la portavoz de ERC, Ester Capella, quien ha denunciado que las mujeres "desaparecen de la política de nombramientos" y por ello se ha propuesto desde su grupo parlamentario que se tomen las medidas necesarias con el fin de atender a la paridad entre hombres y mujeres.
También se incluye a la Memoria de 2014 a propuesta del Partit Demòcrata Europeu Català (PDECat) -antigua Convergència- una medida concreta que reclama la despolitización de la Justicia ya que "su imparcialidad debe estar fuera de toda duda y sospecha". La diputada catalana Lourdes Ciuró así lo ha expuesto al final de la sesión de Control donde ha apostillado que la política de nombramientos de jueces y magistrados tendría que ser "en base a los criterios de mérito y capacidad".
ENMIENDAS DEL PP Y CIUDADANOS
Esta reivindicación compartida por PNV ha sido aprobada en los términos de la enmienda del grupo parlamentario popular (que ha sido el único que ha presentado iniciativas al centenar de propuestas junto con Ciudadanos) que determina que en los procesos de nombramientos se apliquen los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Del total de 38 enmiendas presentadas se ha aceptado además la planteada por Ciudadanos a la petición dirigida a la Escuela Judicial de promover la formación específica sobre la regulación de la Memoria Histórica y los derechos de víctimas del terrorismo.
Respecto a esta cuestión el diputado de Ciudadanos Ignacio Prendes ha reclamado que en la carrera judicial se impongan los criterios de mérito y capacidad y por tanto que el ascenso en su carrera laboral de los jueces esté marcado "exclusivamente" por esos aspectos y no por "afinidades políticas"
MEDIACIÓN JUDICIAL
A propuesta del Grupo Popular la Cámara Baja ha dado luz verde también a que se incluya en la Memoria la adopción de medidas de impulso a la mediación "en todas sus formas" aumentando la formación de jueces en esta materia y fomentando el incremento de órganos que deriven en medicación penal.
Desde el grupo de Ciudadanos también se suman a que se fomente este método alternativo particularmente en el orden jurisdiccional civil y que se establezca como mecanismo complementario a la resolución de conflictos.
Del conjunto de propuestas presentadas por el Grupo Socialista también se incluye la relativa a que el órgano de gobierno de jueces ponga en marcha una ampliación "significativa" de la planta judicial y se resuelva así la situación de aquellos jueces en expectativa de destino.
