El Consejo de Ministros del pasado viernes acordó remitir a la Comisión Europea una prórroga de los presupuestos de 2016, ante la imposibilidad de hacerlo por medio de un Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado debido a que el Ejecutivo se encuentra en funciones. Esta situación de interinidad no le permite diseñar unas nuevas cuentas.
Esta medida supone la continuación del Presupuesto y de las medidas adoptadas en 2016. No obstante, si finalmente se logra formar un nuevo Gobierno, será este quien tenga que aprobar los Presupuestos y llevar a cabo los cumplimientos correspondientes al año 2017. Esas nuevas cuentas deberán incluir unos ajustes estructurales del 0,5% del PIB (5.000 millones de euros) para que España sea capaz de cumplir con el objetivo de déficit, fijado en el 3,6% del PIB para ese año, cinco décimas por encima del 3,1% que exige Europa. Así que el esfuerzo para rebajarlo se deja para el próximo Ejecutivo, que tendrá que adoptar medidas de ajuste adicionales, si bien entretanto existe el riesgo de sanción por parte de Bruselas. La prórroga automática de los presupuestos de 2016 ha resultado inevitable, porque aunque se forme nuevo Gobierno y se presente el proyecto de ley, los plazos no dan para que las nuevas cuentas sean aprobadas por el Parlamento antes del 1 de enero.
La remisión a Bruselas de la prórroga, que se hará efectiva en los próximos días, ha sido acordada por el Gobierno tras dar el visto bueno al informe elaborado por los Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas, y de Economía y Competitividad sobre el Plan Presupuestario y de Acción Efectiva en los horizontes 2016 y 2017.
Según recordó el pasado viernes la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, la Comisión Europea había recomendado el pasado mes de marzo una serie de medidas para garantizar la corrección del déficit, con especial hincapié en la Ley de Estabilidad Presupuestaria para asegurar el cumplimiento de los objetivos de déficit también en las Administraciones Territoriales. En respuesta a esa recomendación de la Comisión Europea se ha enviado el Informe de Acción Efectiva que contempla el resumen de las medidas adoptadas para lograr el cumplimiento del objetivo de déficit en el año 2016.
Reforma del Impuesto sobre Sociedades
Como se recordará, el Consejo de Ministros dio luz verde hace dos semanas a una reforma del pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades, que justifica en la necesidad de cumplir con el objetivo de déficit. La principal medida adoptada, que opera a modo de adelanto por parte de las sociedades, es fijar un pago fraccionado mínimo del 23% para empresas que facturen más de diez millones de euros, pago que será del 25% para las entidades de crédito y las que se dediquen a la explotación de yacimientos de hidrocarburos. El Real Decreto Ley que contempla la medida de pagos fraccionados en el Impuesto de Sociedades ya está en vigor, pero se encuentra pendiente de convalidación en el Congreso de los Diputados.
