El defensor del Pueblo alcanza una cifra récord de investigaciones de oficio

9 de Abril de 2012
  • Han seguido recibiendo quejas relativas a dilaciones, falta de medios personales y materiales y saturación de los distintos órganos jurisdiccionales.
  • Destaca la solicitud de la posible tipificación del despilfarro de dinero público como delito.

La oficina del Defensor del Pueblo, que dirige María Luisa Cava de Llano, inició el año pasado 506 investigaciones de oficio, una cifra que supone un récord histórico. España sigue atravesando una crisis económica y financiera que agudiza muchos de los problemas que expresan habitualmente los ciudadanos en sus quejas. Esta situación propició que la Institución incrementase todos los procedimientos de supervisión a su alcance, incluidas las investigaciones de oficio, ensanchando sus capacidades de gestión.

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Dos de las características principales del ejercicio 2011, respecto del año anterior, fueron por un lado, el número de quejas individuales, similar al del año 2010 pero con un ligero descenso (-2,42%) y, por otro, el incremento registrado por las investigaciones de oficio (+8,58%). Las quejas de carácter colectivo, siempre sometidas a una mayor variabilidad, determinada por los asuntos que adquieren relevancia por grupos numerosos, descendieron un 56,89%. 

En total, el año pasado se registraron 24.381 expedientes. De ellos, 16.353 correspondieron a quejas individuales, 7.522 fueron quejas colectivas, y 506 fueron investigaciones iniciadas de oficio. De estas últimas, 125 fueron actuaciones realizadas por la Institución en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (MNP). Las actuaciones de control preventivo que realiza el MNP, por sus propias características, son siempre de oficio.

Seguridad y Justicia

Los ciudadanos enviaron casi 6.000 quejas relacionadas con los ámbitos de la Seguridad y la Justicia. De ellas, cerca de 3.000 fueron quejas colectivas y poco más de 2.900 fueron quejas individuales. Además, la oficina del Defensor del Pueblo emprendió 88 actuaciones de oficio.

Como en años anteriores, se han seguido recibiendo quejas relativas a dilaciones, falta de medios personales y materiales y saturación de los distintos órganos jurisdiccionales. Sin embargo, en 2011, en materia de justicia, destaca la solicitud de la posible tipificación del despilfarro de dinero público como delito anunciada por la Defensora del Pueblo en funciones durante su comparecencia ante el Pleno del Congreso de los Diputados el 15 de septiembre de 2011. El Gobierno ha mostrado su compromiso con la tipificación del despilfarro del dinero público en determinados supuestos.

En otro orden de cosas, en 2011 destacan las investigaciones efectuadas a raíz del desalojo de las personas del conocido como movimiento 15-M acampadas en Madrid.

Y en materia penitenciaria, la oficina que dirige Cava de Llano ha apostado en 2011 por dar mayor protagonismo a las entrevistas con los internos en las visitas giradas a los centros penitenciarios y a otros lugares donde se encuentren personas privadas de libertad. Por otra parte, se han investigado diversos casos de malos tratos, de presuntas actuaciones irregulares de funcionarios y de problemas con las infraestructuras penitenciarias.

Además, en el ejercicio de las competencias que le corresponden al Defensor del Pueblo, tanto como alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos fundamentales, como en su faceta de Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, se han visitado los siguientes centros penitenciarios: Madrid III (Valdemoro), Castellón I, Sevilla Mujeres (Alcalá de Guadaira), Unidad de Madres de Sevilla, Albolote (Granada), Figueres (Girona), Melilla, Madrid IV (Navalcarnero), Villanubla (Valladolid), Barcelona Hombres, Salto del Negro (Las Palmas de Gran Canaria), Tenerife y Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Alicante.

De estas visitas, las realizadas a los centros Castellón I, Sevilla Mujeres, Unidad de Madres de Sevilla y al Psiquiátrico Penitenciario de Alicante, fueron efectuadas por equipos multidisciplinares conformados por asesores del Defensor del Pueblo y asesores externos especialistas en derecho, psiquiatría forense, medicina forense y criminología.

Se recibieron numerosas quejas sobre las oficinas de empleo, sobre la información que proporcionan y sobre la gestión y tramitación de las prestaciones a través de los canales informáticos. El Defensor del Pueblo ha promovido en los últimos años la habilitación de un sistema de coordinación efectiva y finalmente, el RDL 3/2011, de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo, ha introducido un sistema de información común de los servicios públicos de empleo.

En relación con las prestaciones por desempleo, la Defensoría ha reiterado la necesidad de que el examen de las solicitudes de prestaciones y subsidios se ajuste verdaderamente al principio de eficacia. Además, una gran parte de las quejas relativas a las políticas sociales tuvo que ver con el desempleo y con el creciente número de personas en riesgo de exclusión social. Por otra parte, las demoras en el reconocimiento de las prestaciones sociales también preocuparon a los ciudadanos.

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