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El Ejecutivo impone medidas para que Cataluña “cumpla con la Sentencia del TC” sobre el referéndum

24 de Julio de 2017

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) ha acordado adoptar nuevas medidas adicionales para Cataluña con el fin de asegurar el adecuado cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional de 5 de julio de 2017. Dichas medidas recibieron el pasado viernes el visto bueno de Consejo de Ministros. Según informó el Gobierno, el "acuerdo de condicionalidad específica para la Comunidad Autónoma de Cataluña", tiene por objeto "impedir que la Generalitat pueda tramitar expedientes de gasto destinados a financiar el referéndum ilegal del 1 de octubre".

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Al término de la reunión, el ministro portavoz Íñigo Méndez de Vigo recordó que  el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional y nula la disposición adicional 40 de la Ley de Cataluña 4/2017, de 28 de marzo, de Presupuestos de la Generalitat para 2017, así como de tres partidas presupuestarias referidas a financiar el referéndum ilegal. Pese a ello, ha proseguido el portavoz, "representantes de las instituciones catalanas han declarado su voluntad de seguir con el procedimiento, lo que genera un riesgo para el interés general y una situación de incertidumbre económica perjudicial para ciudadanos y empresas".

Un certificado semanal

En palabras del Ejecutivo, ante esta situación y para garantizar el normal funcionamiento de los servicios públicos, "la CDGAE ha acordado condicionar el acceso de Cataluña al reparto de recursos ordinarios y adicionales, asignados y pendientes de desembolso, o pendientes de asignar con cargo al Fondo de Financiación de Comunidades Autónomas, a que dicha comunidad cumpla una serie de requisitos".

Como norma principal, la Generalitat de Cataluña tendrá que remitir un certificado semanal a los interventores de las consejerías, a los responsables económico-financieros de las entidades en las que no existan intervenciones delgadas, al director general de Presupuestos y al director general de Política Financiera, Seguros y Tesoro, para que constaten que no hay partidas destinadas directa o indirectamente a la convocatoria de un referéndum.

El portavoz del Ejecutivo añadió que el Ministerio de Hacienda y Función Púbica verificará lo previsto en este acuerdo. Si de la información remitida se concluye que se ha financiado el proceso de referéndum, las autoridades competentes exigirán responsabilidades.

Íñigo Méndez de Vigo argumentó que la decisión adoptada por la CDGAE pretende garantizar el buen fin del dinero público: "Ni un euro que tiene que ir al bienestar de los catalanes va a ir a sufragar una consulta ilegal".

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