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El Gobierno analizará si es necesario actualizar la tipificación de los delitos sexuales

30 de Abril de 2018

Aunque ningún punto del orden del día del Consejo de Ministros del pasado viernes contemplaba someter a revisión el Código Penal, nuestro marco punitivo adquirió protagonismo en la rueda de prensa posterior. La actualidad, marcada por la polémica sentencia de la Manada, dictada por de la Audiencia Provincial de Navarra, que condena a nueve años de prisión a cada uno de los cinco acusados por abusos sexuales y no por agresión sexual, ha llevado al Ejecutivo a anunciar que va a analizar si los delitos sexuales están bien tipificados en el Código Penal de 1995.

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En su comparecencia ante los medios, el ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz de Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, anunció que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha puesto en contacto con la Sección Penal de la Comisión General de Codificación para valorar si la tipificación de los delitos de agresión sexual -que data del Código Penal de 1995- está convenientemente reflejada en nuestro ordenamiento jurídico o es preciso actualizarla.

Méndez de Vigo calificó de "deleznable" la agresión sexual que sufrió una joven por parte de cinco hombres en los Sanfermines en 2016, si bien puntualizó, no obstante, que cualquier cambio tendrá que hacerse "reposadamente" y con el consenso de todas las fuerzas políticas. Méndez de Vigo añadió que el Gobierno "siempre ha estado, está y va a estar con las víctimas". De hecho, recordó que el primer pacto de Estado de esta legislatura haya sido el Pacto contra la Violencia de Género.

Carlos Lesmes y las asociaciones de jueces, en defensa del tribunal

La polémica generada a raíz de esta resolución, que ha originado una ola de movilizaciones y de críticas a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, ha llevado al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, a salir en defensa de los tres magistrados. En un comunicado hecho público el pasado viernes, el también presidente del Tribunal Supremo afirma que "el tribunal ha valorado minuciosamente, en relación con los hechos imputados, todos los elementos de prueba aportados por las partes de acuerdo con lo establecido en la ley y de conformidad con la jurisprudencia que resulta de aplicación, siendo éstos los únicos criterios a los que están sometidos los jueces, sin perjuicio de las posibles discrepancias que puedan existir sobre la calificación jurídica de esos hechos, que pueden y deben hacerse valer a través del sistema de recursos establecido en nuestro ordenamiento jurídico". 

Carlos Lesmes añade que "todas las decisiones judiciales, como emanación de un poder público del Estado, están sin duda sometidas a la crítica pública y en este caso, como en todos, debe respetarse el derecho a la libertad de expresión. Ahora bien, cuando las críticas consisten en descalificaciones emanadas de personas que ostentan responsabilidades públicas, se compromete gravemente la confianza que nuestro sistema de justicia merece de los ciudadanos, debiendo recordarse que es nuestra Constitución la que establece una justicia impartida por jueces y magistrados profesionales, independientes e imparciales. 

Quiero recordar, finalmente, que son los jueces y magistrados el más importante baluarte para la protección y defensa de todas las víctimas".

En parecidos términos, las cuatro asociaciones de jueces y magistrados de España ven en general desproporcionada la respuesta contra la sentencia. Con carácter general, los representantes de las asociaciones recuerdan que hay dos oportunidades de revisión de la resolución de la Audiencia de Navarra por la vía de los recursos, primero ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) y, en su caso, después ante el Tribunal Supremo.

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