El Consejo de Ministros del pasado viernes estuvo marcado por el anuncio previo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de convocar elecciones generales el próximo 28 de abril. La disolución de la Cortes el próximo 5 de marzo obliga al Ejecutivo a acelerar la tramitación de varias iniciativas legislativas, algunas de las cuales se han quedado sin margen para su tramitación. Una de ellas es el Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley Orgánica de Educación, norma que, a pesar de que recibió el visto bueno del Consejo de Ministros, no puede ser tramitada en las Cortes ni por tanto aprobada.
La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, desgranó en rueda de prensa las grandes líneas del Proyecto de Ley, aprobado a pesar de que no cuenta con la consulta previa del Consejo de Estado. De hecho, es la primera vez en tres décadas que una ley educativa no pasa por el filtro del supremo órgano consultivo del Gobierno de España, como sí lo hicieron la LOGSE, la LOE o la LOMCE, norma esta última que el Ejecutivo pretendía derogar. Celaá justificó su aprobación sin margen de recorrido legislativo para entrar en vigor, por "respeto a personas que han venido trabajando en esta ley".
Tanto desde la oposición como desde sectores de la comunidad educativa se criticó que se haya dado el visto bueno a la ley cuando habrá elecciones el 28 de abril. Algunos de estos sectores criticaron tanto la intervención de Celaá como la previa de Pedro Sánchez por, en su opinión, haber utilizado el Consejo de Ministros para dar el primer mitin de campaña.
Los cinco pilares de la reforma
Según informó el Gobierno, el Proyecto de Ley se sustenta en cinco pilares.
Derechos de la infancia: En primer lugar y por primera vez, una ley educativa incluye el enfoque de derechos de la infancia entre los principios rectores del sistema, según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas (1989), reconociendo el interés superior del menor, su derecho a la educación y la obligación que tiene el Estado de asegurar el cumplimiento efectivo de sus derechos.
Igualdad de género: En segundo lugar, el texto adopta un enfoque de igualdad de género a través de la coeducación y fomenta, en todas las etapas el aprendizaje, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y el respeto a la diversidad afectivo-sexual, introduciendo en educación secundaria la orientación educativa y profesional del alumnado con perspectiva inclusiva y no sexista.
Enfoque transversal: En tercer lugar, la norma plantea un enfoque transversal orientado a elevar los resultados de todos los estudiantes con una dinámica de mejora continua de los centros educativos y una mayor personalización del aprendizaje.
Desarrollo sostenible: En cuarto lugar, reconoce la importancia de atender al desarrollo sostenible según lo establecido en la Agenda 2030. Así, la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial ha de incluirse en los planes y programas educativos de la totalidad de la enseñanza obligatoria.
Cambio digital: En quinto lugar, la reforma insiste en la necesidad de tener en cuenta el cambio digital que se está produciendo en las sociedades y que afecta a la actividad educativa.
