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El Gobierno confía en poder aprobar los Presupuestos en verano

22 de Enero de 2020
LegalToday

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, afirmó ayer que el Ejecutivo prevé que los Presupuestos Generales del Estado puedan ser aprobados el próximo verano. El procedimiento se puso en marcha ayer con la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Orden HAC/20/2020, de 20 de enero, por la que se dictan las normas para su elaboración y para que cada departamento ministerial presente sus cuentas.

Montero indicó que las prioridades, en todo caso, serán "promover el crecimiento económico inclusivo basado en la innovación, la tecnología y la digitalización; apostar por una transformación ecológica justa; defender los derechos sociales; favorecer la cohesión territorial para afrontar, entre otros, el reto demográfico, y la lucha por la igualdad". Sobre este último aspecto, la portavoz anunció que los presupuestos contarán, por primera vez, con un diagnóstico de la realidad de género en la sociedad española.

Antes de la presentación del proyecto de ley de Presupuestos al Congreso, Montero avanzó que debe llegarse a un acuerdo en Bruselas sobre la senda de déficit y confió en que podrá flexibilizarse la actual, que data de 2018 y que "está desacompasada con la realidad del día a día". Asimismo, las Cortes Generales deberán aprobar el techo de gasto y la senda de estabilidad con carácter previo al debate de presupuestos y su aprobación.

Declaración de Emergencia Climática

Por otra parte, el Consejo de Ministros celebrado ayer aprobó la Declaración de Emergencia Climática, un documento con 30 líneas de acción prioritarias para luchar contra el cambio climático y favorecer la salvaguarda del medio ambiente, la salud y la seguridad de la ciudadanía.

La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, señaló que los riesgos actuales derivados del impacto del cambio climático están ya considerados como los más relevantes desde el punto de la vista de la economía global -como evidencia el informe de este año del Foro Económico Mundial- y también social, porque generan "sufrimiento y desigualdad".

En este sentido, la vicepresidenta cuarta defendió la necesidad de impulsar esta declaración por razones de justicia "entre países y territorios, entre generaciones y entre personas con desiguales medios para afrontar el cambio climático"; por razones de futuro, "para invertir en un proyecto de sociedad inclusivo y viable", y por responsabilidad, ya que "no abordar este desafío es regresivo desde el punto de vista social y costoso económica y socialmente".

Ribera afirmó que la declaración "debe inspirar todas las políticas públicas" y permitir al Gobierno desarrollar su compromiso con la lucha contra el cambio climático de forma más profunda, rápida y ambiciosa, sumando los esfuerzos de todas las administraciones: "Las instituciones tenemos la responsabilidad de evitar el incremento de los problemas y facilitar las soluciones", concluyó la ministra.

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