El Consejo de Ministros autorizó el pasado viernes la convocatoria de subvenciones para integrar inmigrantes, solicitantes y beneficiarios de protección internacional, apatridia y protección temporal por un importe de 146,5 millones de euros. También aprobó una cuantía adicional de 25 millones, procedentes de fondos europeos, para financiación suplementaria.
Estas ayudas se destinarán a reforzar el sistema nacional de acogida e integración de estos colectivos. Este año unas 30.000 personas han sido atendidas frente a 18.000 en 2018. La ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, explicó al término del Consejo de Ministros que también se han incluido recursos de plazas previamente dotadas para atender a inmigrantes no peticionarios de asilo o refugio que han quedado libres, dado que se ha reducido la inmigración ilegal por el Estrecho.
El objetivo de esta convocatoria, de carácter plurianual, es impulsar las acciones dirigidas a acoger y promover la integración de solicitantes de asilo, refugiados y otros beneficiarios de protección internacional, incluyendo la financiación de proyectos de equipamiento y adaptación de inmuebles donde se prestan las actuaciones dirigidas a estas personas.
Hay que recordar que, en este contexto de dar respuesta a la demanda actual del sistema, se modificó el pasado mes de julio el RD de abril de 2007 para poder utilizar los recursos destinados inicialmente a atender las llegadas a costas a la atención de solicitantes y beneficiarios de protección internacional. En lo que va de año se han utilizado más de 1.200 plazas.
Actuaciones complementarias
Según explicó el Ejecutivo, ha acordado el reparto de 1,7 millones de euros entre todas las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para contribuir a financiar determinadas actuaciones complementarias de la atención sanitaria prestada a los solicitantes y beneficiarios de protección internacional. Los criterios de distribución fueron acordados por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) el pasado 14 de octubre.
La asistencia sanitaria a los refugiados está garantizada por los Servicios de Salud de las comunidades autónomas pero no así otras actuaciones como la obtención de certificados médicos, la contratación de intérpretes, mediadores culturales o traslados de los reasentados, que ahora podrán financiarse.
