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El Gobierno dobla el presupuesto para la transformación digital de la Justicia

5 de Abril de 2017

Las dotaciones presupuestarias destinadas a la política Justicia en el ejercicio 2017 ascienden a 1.726 millones de euros, lo que supone un incremento respecto al presupuesto de 2016 del 7,6%. De este importe, la participación del Ministerio de Justicia para el desarrollo de esta política, incluyendo el Centro de Estudios Jurídicos, alcanza una dotación inicial de 1.670 millones de euros, que supone un incremento de 120 millones de euros respecto a 2016. Por su parte, la participación del Consejo General del Poder Judicial es de 56 millones de euros, lo que implica un incremento respecto al ejercicio 2016 del 2,5%. Para lograr la transformación digital de la Justicia se destinan 150 millones de euros, lo que supone un incremento sobre el ejercicio 2016 del 87,9%.

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Este importante incremento en la financiación de la Justicia supone un ejercicio de responsabilidad para facilitar a la sociedad española un servicio público de calidad, más ágil y eficaz en la atención a las demandas de los ciudadanos, como poder del Estado de derecho y como elemento que colabora en el desarrollo económico de un país. Dar cumplimiento a estos fines significa afrontar una transformación integral de la Justicia que responda a los desafíos del siglo XXI para que pueda cumplir con solvencia el papel que le atribuye nuestra Constitución como valor superior de nuestro ordenamiento jurídico, garante del ejercicio de los derechos y libertades, y servicio público esencial.

Para articular la debida respuesta se van a desarrollar seis líneas estratégicas: una justicia más ágil y más eficaz; una justicia más dotada y mejor organizada; una justicia digital; una justicia que crea en sus profesionales; una justicia impartida para las personas; y una justicia fuerte en su independencia e implacable en la lucha contra la corrupción.

Una clave fundamental para el buen funcionamiento y la calidad del servicio público de justicia, es la atención a los profesionales que se encargan de su prestación. Así, las dotaciones de recursos humanos se continuarán incrementando para satisfacer las necesidades de la Planta Judicial y la profesionalización de los puestos de trabajo mediante la incorporación de nuevos efectivos de carrera. Con la entrada del personal procedente de la Oferta de Empleo Público de 2016 y la que se apruebe en 2017 se crearán cerca de 5.000 nuevas plazas al servicio de la Administración de Justicia, lo que unido a las medidas que se dirigen a la especialización y formación para el cumplimiento de sus funciones, hará más eficaz y operativo un modelo de organización cualificada con la implantación de la justicia digital y las oficinas judicial y fiscal.

Los gastos de personal con los que se dota esta política alcanzan en el ejercicio 2017 los 1.358 millones de euros.

Las dotaciones destinadas al gasto social durante el ejercicio 2017 alcanzan la cantidad de 38 millones de euros. Para garantizar el derecho a la asistencia jurídica gratuita se aplican 37 millones de euros. Con esta dotación se afianza el carácter de servicio público según la configuración legal de este derecho prestacional, reconociendo el abono de las correspondientes indemnizaciones a favor de los profesionales obligados a su prestación. También se destina 1 millón de euros para garantizar el servicio público y gratuito de ayuda y asistencia a las víctimas, en cuanto a la atención psicológica y pericias en procesos judiciales, de esta forma se dispondrá de mejores herramientas para proteger a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, así como las víctimas de la violencia de género.

Nuevos sistemas de información y comunicación

Otra actuación que destaca en esta Política, y que se va a desarrollar a lo largo de la presente legislatura, es la transformación digital de la Justicia, a la que se destina en este ejercicio un importante volumen de recursos financieros. Se trata de intensificar la implantación de los nuevos sistemas de información y comunicación en el ámbito de la Administración de Justicia para ganar en agilidad, seguridad, certeza, eficiencia y calidad en toda la gestión de los procesos. Con este impulso de la modernización tecnológica en el ámbito de la Justicia se logrará una aplicación generalizada de los medios electrónicos como forma normal de tramitación de los procedimientos judiciales y de relacionarse la Administración de Justicia con los profesionales y los  ciudadanos, de tal manera que la utilización de los medios telemáticos y electrónicos en las actuaciones procesales sea la forma ordinaria de actuación.

Esta digitalización de los procesos va a permitir disponer de servicios ágiles, simples y con "cero papel", tanto para profesionales como para ciudadanos, y conectar a la Justicia con otras Administraciones relevantes en el proceso judicial. Este objetivo de conseguir una Justicia digital se llevará a efecto a través de una nueva aplicación denominada "Minerva Digital", que implica el desarrollo de un sistema de gestión procesal automatizado, común y compartido con todas las Administraciones públicas con competencias en materia de Administración de Justicia, con los tribunales de justicia y las fiscalías, superando la situación fragmentaria actual. En esta misma línea se implantará de forma generalizada el expediente judicial electrónico, con mecanismos telemáticos que permitan su remisión entre los órganos judiciales. Igualmente se avanzará en la consecución de una interoperabilidad semántica y técnica completa entre los sistemas de gestión procesal.

La solución tecnológica de "Justicia Digital" permitirá su aplicación en todos los órdenes e instancias judiciales, reduciendo los plazos de los procesos y el uso de papel en los documentos recibidos y generados en los órganos judiciales hasta su desaparición total, y la reducción de costes para todos los actores: Administración de Justicia, tribunales y juzgados, fiscalías, despachos profesionales y ciudadanos.

En este proceso de transformación digital se va a avanzar en el concepto de justicia 24 horas, desarrollando nuevos servicios que permitan la existencia de un punto de acceso general para los ciudadanos, donde puedan presentar sus escritos y recibir notificaciones, así como acceder de manera telemática a sus procedimientos judiciales. Se establecerán las garantías que deben reunir los justificantes de presentación de documentos y se realizarán las adaptaciones precisas en cuanto al traslado de copias, así como de su valor probatorio. Con la finalidad de que la comunicación electrónica sea la forma habitual de actuar en la Administración de Justicia, tanto desde el punto de vista interno, como en su relación con los ciudadanos, los actos de comunicación se podrán realizar en la dirección electrónica habilitada por el destinatario o por medio de otro sistema telemático.

El empleo de estas nuevas tecnologías permite incorporar, además de mejoras en términos operativos, el concepto de "justicia abierta", que comprende atributos que tienen que ver con la transparencia, con la rendición de cuentas, con la participación y colaboración de los ciudadanos en el diseño y en la gestación de los servicios públicos.

Como hemos adelantado, para lograr esta transformación digital de la Justicia se destinan 150 millones de euros, lo que supone un incremento sobre el ejercicio 2016 del 87,9%.

Dentro de esta línea de modernización tecnológica se encuentra la instauración de un nuevo Registro Civil público, gratuito, electrónico, más seguro y operativo en todos los aspectos de su gestión. Se trata de configurar un sistema electrónico de gestión de titularidad estatal, que permita la transición desde el modelo actual fragmentado en secciones hasta el nuevo modelo de folio personal. Igualmente se va a llevar a cabo una profunda reforma de procedimientos, en especial el relativo a la adquisición de la nacionalidad por residencia mediante la tramitación electrónica de todos los expedientes.

También es destacable la implantación de la comunicación electrónica de los nacimientos y de las defunciones, desde los centros sanitarios, a los efectos de su inscripción en el Registro Civil. Para llevar a cabo estos planes de transformación tecnológica y las actuaciones competenciales del programa  vinculados con la Fe Pública, las dotaciones presupuestarias asignadas en 2017 alcanzan los 30 millones de euros, lo que supone un incremento del 12,1% sobre 2016.

Con los créditos destinados a inversiones en esta Política también se dota a los órganos de la Administración de Justicia de los medios materiales y de las infraestructuras necesarias para un funcionamiento ágil y eficaz, mejorando la transparencia, el acercamiento y la atención a los ciudadanos. Para ello, durante el ejercicio 2017, se iniciarán las actuaciones para licitar las obras de los nuevos edificios de juzgados de Lorca (Murcia) y Talavera de la Reina (Toledo), se continuará con las obras de ejecución de las nuevas sedes judiciales en Albacete, Guadalajara, Ibiza, Badajoz, y Segovia, así como las obras de rehabilitación del edificio judicial de Soria. Se finalizarán las obras de rehabilitación del edificio para la nueva sede judicial en Ceuta, de la sede judicial de Trujillo y de la Audiencia Provincial de Palencia. Además, se continuarán desarrollando planes de optimización de los espacios disponibles, adecuando y gestionando los edificios, e incorporando todas aquellas medidas que permitan obtener un adecuado ahorro energético.

Se impulsa especialmente la renovación del equipamiento técnico del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, que de una consignación en 2016 de 1 millón de euros pasa a 6 millones de euros en 2017. El total de los créditos asignados a equipamiento e infraestructuras alcanza los 34 millones de euros, lo que supone un incremento del 68,8% sobre el ejercicio 2016.

En síntesis, y dentro del conjunto de inversiones de la política, procede destacar la dotación adicional, sobre las actuales disponibilidades presupuestarias, de 100 millones de euros destinados específicamente al  impulso de la modernización del Servicio Público de Justicia.

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