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El Gobierno eleva primero al Consejo de Estado la consulta sobre la reforma constitucional de limitación de los aforamientos

24 de Septiembre de 2018

El Gobierno no aprobó finalmente el viernes el anunciado Anteproyecto de ley de reforma de la Constitución para limitar los aforamientos políticos. En lugar de presentar el texto y elevarlo después al Consejo de Estado, ha optado por elevar primero la cuestión al máximo órgano consultivo del Gobierno para que se pronuncie y “acote jurídicamente el procedimiento”.

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Tras la reunión del Consejo de Ministros del pasado viernes, su portavoz, Isabel Celaá, justificó haber invertido el procedimiento habitual de consulta ya que "su intervención es preceptiva en todo caso, antes o después, lo que hacemos es anticiparnos y pedirles el informe antes, a fin de que desde el inicio pueda contribuir a la calidad normativa de tan importante texto" y también a "favorecer el logro del consenso", explicó Celaá.

El acuerdo del Consejo de Ministros incluye los objetivos y las directrices de la reforma constitucional. La finalidad, según precisó la ministra, es reducir el aforamiento político al estricto ejercicio de las funciones del cargo público y asimilar así la regulación de esta figura a la del resto de los países europeos.

Inviolabilidad del Rey

En concreto, la consulta solicita al Consejo de Estado la elaboración de la propuesta de reforma constitucional de los artículos 71.3 y 102.1, relativos a los aforamientos de los diputados, senadores y miembros del Ejecutivo. En este sentido, la reforma solo se refiere a los aforamientos residenciados en la Constitución, no a los que están regulados por ley orgánica, como es el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los presidentes de órganos constitucionales o familiares del rey. A falta de conocer los detalles, la reforma excluye a la mayoría de parlamentarios, presidentes y gobiernos autonómicos aforados por sus respectivos estatutos de autonomía, que seguirán respondiendo ante los tribunales superiores de cada comunidad.

Por tanto, el Gobierno pretende con su reforma "reducir el aforamiento político al estricto ejercicio de las funciones del cargo público". Se trata de una medida que cuando fue anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contó con matices, con el respaldo de otros grupos como Ciudadanos y Podemos. Si embargo, el apoyo parlamentario de dichos grupos se ha tornado cada vez más difícil. Entre otras discrepancias, Podemos plantea, al igual que ha hecho el PNV, eliminar la inviolabilidad del Rey, pero el PSOE se opone ya que "es importante que la mantenga porque es el jefe del Estado... y porque está en el artículo de la Corona, que es la parte de la Constitución que requiere un procedimiento agravado para su reforma", argumentó Celaá. Por su parte Ciudadanos considera que la propuesta que ahora plantea el Ejecutivo es "una tomadura de pelo".

¿Afecta a los delitos de corrupción?

Surge la duda sobre si la reforma supondrá, como parece deducirse de la propuesta, que los políticos acusados de delitos tipo de corrupción en el ejercicio de su cargo seguirán siendo aforados tras la reforma exprés de la Constitución que limitará ese blindaje jurídico. Sin embargo, la portavoz socialista, Adriana Lastra, anunció el mismo viernes que afectarían también a los delitos de corrupción de los políticos.

Por tanto, se complica la posibilidad de que el Gobierno cuente con los apoyos suficientes ya que necesita su aprobación por tres quintas partes del Congreso. Si el 10% de la Cámara (35 diputados) pidiera un referéndum, posibilidad planteada por Podemos, Celaá no descartó someter la reforma a consulta de todos los españoles.

 
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