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El Gobierno estudia publicar los evasores fiscales más relevantes

6 de Marzo de 2013
  • La legislación blinda la confidencialidad de los datos tributarios de empresas y particulares.
  • La amnistía fiscal "ni borra, ni limpia, ni encubre delitos cometidos".
  • No se hará pública la lista de las personas físicas y jurídicas que se han acogido a la amnistía fiscal.
  • Se diferenciará al moroso -quien no puede o no quiere pagar-, del que no saldrá su nombre, y al un defraudador.

Mariano Rajoy ha avanzado que el Gobierno está estudiando posibles modificaciones normativas que permitan publicar los casos de incumplimiento tributario más relevantes. Ello requerirá reformar la Ley General Tributaria, que protege la privacidad de los datos fiscales: su artículo 95.3 dice que “la Administración tributaria adoptará las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de la información tributaria y su uso adecuado”.

Legal Today


El presidente ha afirmado que el Ejecutivo no publicará la lista de las personas físicas y jurídicas que se han acogido a la regularización fiscal porque la legislación tributaria establece que los datos fiscales tienen carácter reservado. "Esto no es óbice para que estos datos se utilicen para el cumplimiento de los fines de inspección y para la colaboración con los procesos judiciales, que es lo que está sucediendo en estos momentos", ha dicho. Se publicará lo que viene afectado por el art. 95.1 de la LGT  "datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria en el desempeño de sus funciones".

Montoro había puntualizado días atrás que la regularización extraordinaria realizada a través de una declaración tributaria especial (DTE) "no es opaca, sino totalmente transparente". A diferencia de otros procesos extraordinarios iniciados en años anteriores, "en donde la tributación efectiva fue del 3%", la Agencia Tributaria conoce ahora los titulares de quienes han presentado las declaraciones especiales. En este sentido, insistió en que la DTE "no limpia ni borra delitos" y que quien haya intentado regularizar rentas de origen ilícito y sin identificarse como titular real no podrá ampararse bajo el paragüas de la misma.

En respuesta a una pregunta sobre este asunto del senador de IU Jesús Enrique Iglesias, Mariano Rajoy ha explicado que el Gobierno es consciente de la relevancia que tiene la comunicación de los infractores tributarios como instrumento adicional en la lucha contra el fraude fiscal. Por ello, está estudiando posibles modificaciones normativas para que "los incumplimientos normativos más relevantes puedan ser objeto de publicación", respetando siempre el derecho de tutela de los afectados.

El presidente ha añadido que "se trata de una cuestión delicada", que el Gobierno está estudiando en profundidad", y que cualquier aportación "inteligente e interesante" podrá ser tenida en cuenta.

El jefe del Ejecutivo ha recordado que la regularización actual es una "regularización extraordinaria, excepcional y limitada en el tiempo", que tiene como objetivo "responder a una situación de las cuentas públicas insostenible, ampliar las bases imponibles y aumentar la recaudación", y es un instrumento útil en la lucha contra el fraude.

Mariano Rajoy ha asegurado que "la regularización ni borra ni limpia ni encubre delitos cometidos" porque a ninguna persona que tenga abierto un proceso, en vía administrativa o judicial, le servirá este procedimiento para evitar las consecuencias de ese proceso. Además, ha subrayado que la medida ha permitido aflorar patrimonios por valor de 40.000 millones de euros, lo que supone un importe equivalente al 4% del PIB nominal.

Fuente: Instituto de Estudios Fiscales

31.500 declaraciones

En relación al citado plan extraordinario de regularización fiscal, que concluyó el pasado 30 de noviembre, la medida ha supuesto 1.192 millones de euros ingresados. La Agencia Tributaria ha recibido de 31.529 declaraciones, con un importe medio de 37.800 euros. El grueso de las declaraciones se concentraron en el mes de noviembre cuando se presentaron 29.242 declaraciones, por un importe a ingresar de 1.050 millones.

En cuanto a la distribución de las declaraciones presentadas, el 98% corresponde a personas físicas. Es decir, del total de 31.529 presentadas (29.683 contribuyentes), 30.871 se refieren a personas físicas (29.065 contribuyentes). El resto, 658 declaraciones (618 contribuyentes), corresponden a personas jurídicas.

Responsabilidades penales

Montoro ha insistido en que tanto la autoridad judicial, como la Fiscalía y la Agencia Tributaria están trabajando permanentemente para depurar responsabilidades penales derivadas de un posible fraude fiscal como de los delitos que se pudieran determinar.

Además, ha indicado que la presentación de la DTE (la "amnistía fiscal"), al igual que ocurre con el resto de declaraciones tributarias, resulta plenamente compatible con la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales. Así, no se puede aceptar que la DTE supone legalizar las conductas ilícitas que hayan generado recursos económicos. De modo que quien haya cometido un delito de blanqueo o de malversación seguirá siendo responsable de tales delitos.

Lucha contra el fraude

El Ministro Montoro ha recordado recientemente los últimos cambios normativos aprobados que potenciarán la lucha contra el fraude tributario. Ha destacado, en primer lugar la nueva ley antifraude, que es la más ambiciosa en la historia de la Democracia. Los Inspectores de Hacienda logran un cambio en la Ley Antifraude para que la banca pague el IVA de los inmuebles adquiridos por dación en pago.

Entre sus novedades destaca la limitación del pago en efectivo a 2.500 euros en operaciones en donde esté presente al menos un empresario o profesional, y una nueva obligación de informar sobre cuentas y activos situados en el extranjero. También se potencian las actuaciones para el cobro de las deudas tributarias como embargos preventivos.

Fuente: Instituto de Estudios Fiscales

A su vez, ha entrado en vigor una reforma del Código Penal por la que se fija un nuevo tipo agravado de delito fiscal. Por el mismo, se eleva a seis años la pena máxima de cárcel y se duplica hasta 10 años el plazo máximo de prescripción de este tipo de delitos. Por otra parte, el Gobierno está intensificando los convenios para evitar la doble imposición y potenciar los intercambios de información con otros países. El último ha sido firmado con Estados Unidos hace una semana.

Datos de la Fiscalía General del Estado

En la memoria de la Fiscalía de este año se destacan "las magnificas relaciones que cada una de las Secciones Provinciales vienen manteniendo con las Autoridades y Órganos a que nos vinculan nuestras funciones de investigación y persecución de los delitos que tenemos encomendados: AET, Haciendas Forales, Abogacía del Estado, Policía Judicial especializada, Vigilancia Aduanera, etc". Pero "lo que más sorprende al efectuar una aproximación al número de asuntos despachados, no es tanto la cifra de los mismos, cuanto el tiempo invertido en su investigación y enjuiciamiento".

"Este hecho, -sigue la Fiscalía- que con razón ha sido definido como 'el mayor cáncer que asola a la Administración de Justicia', es especialmente significativo en nuestra materia. Es cierto que las causas son variadas y no fáciles de eliminar (complejidad de la materia, atasco crónico de algunos Juzgados, oficina judicial obsoleta, diligencias complicadas de realizar, escasa colaboración de Abogados y Procuradores, remisión tardía de expedientes por la Agencia Tributaria, etc.), pero la constatación y análisis del fenómeno es absolutamente desolador, sobre todo cuando se observa que las dilaciones son de tal naturaleza que en ocasiones llegaron a provocar la prescripción del delito o delitos investigados, o cuando menos sentencias que por tardías serán absolutamente ineficaces".

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