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El Gobierno impulsa el Anteproyecto de Ley para regular la Orden Europea de investigación en materia penal

17 de Julio de 2017
Legal Today

El Ejecutivo ha dado un nuevo  impulso legislativo a la futura Ley que modifica la Ley del 20 de noviembre de 2014, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, para regular la Orden Europea de Investigación (OEI) y contribuir a la investigación de delitos de alcance transfronterizo europeo. A tal fin, el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes el Anteproyecto de la norma, que tiene por objeto facilitar a los países miembros de la Unión Europea la obtención de pruebas en casos judiciales de dimensión transfronteriza.

Al hilo con lo anterior, el texto aprobado propuesto por el Ministerio de Justicia y aprobado por el Ejecutivo en Pleno, conlleva la transposición al ordenamiento jurídico español de una Directiva comunitaria del 3 de abril de 2014, relativa a la Orden Europea de Investigación en materia penal, que establece la creación de un instrumento único para los Estados miembros que les permita llevar a cabo medidas de investigación en otro país de la Unión Europea con objeto de obtener pruebas en el marco de un procedimiento judicial.

Cabe reseñar que la Directiva objeto de transposición no estipula una relación tasada de medidas de investigación aplicables, sino que cada Estado empleará aquellas que estén recogidas en su propio ordenamiento interno. Se insta a los Estados miembros a que se respete el principio de necesidad y proporcionalidad a la hora de emitir una Orden Europea de Investigación, así como a optar en la ejecución por una medida menos invasora que la indicada por la OEI si permite obtener resultados similares.

Papel relevante del Ministerio Fiscal

En cuanto a los aspectos concretos de la norma y según adelantó el Gobierno al término del Consejo de Ministros, el Ministerio Fiscal tendrá un papel relevante. A través de él se centralizará la recepción de todas las órdenes. Además, el Ministerio Público practicará las diligencias oportunas para determinar el órgano judicial en el que habrá de ejecutarse la orden cuando contenga alguna medida limitativa de derechos fundamentales. En caso contrario, será el propio fiscal quien la resuelva.

En síntesis, este nuevo procedimiento facilitará a las autoridades extranjeras la interlocución con las autoridades españolas, reducirá trámites administrativos y permitirá una gestión más eficiente de los recursos humanos y materiales.

Otras modificaciones

Además de la transposición de la Directiva, el Anteproyecto de Ley realiza mejoras concretas en aspectos de la mencionada Ley de 2014 e introduce tres reformas legales:

  • Modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil para ajustar el ordenamiento español a la aplicación del Reglamento europeo por el que se establece el procedimiento relativo a la orden europea de rendición de cuentas a fin de simplificar el cobro transfronterizo de deudas en materia civil y mercantil.
  • Contempla también la adecuación de la Ley de asistencia jurídica gratuita del 10 de enero de 1996 a una Directiva comunitaria de 2016 para prever la posibilidad de solicitar, en casos justificados, la sustitución del letrado asignado, así como para poder ejercer el derecho de ser asistido por un abogado en un juicio por delito leve.
  • Se transpone la Directiva comunitaria 2015/637 de 20 de abril de 2015, sobre las medidas de coordinación y cooperación para facilitar la protección consular de ciudadanos de la Unión Europea no representados en terceros países.

Rompe el esquema de las comisiones rogatorias

El ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, destacó el viernes que el reconocimiento y ejecución de esta confianza mutua entre países "rompe el esquema tradicional de las comisiones rogatorias y fórmulas de convenios anteriores que son procedimentalmente lentas" y agiliza la relación entre las administraciones judiciales.

El portavoz del Ejecutivo señaló además que la cooperación judicial es uno de los elementos integradores en la Unión Europea. Al respecto, recordó que la orden europea de detención y entrega, o euroorden, aprobada en el año 2002, fue "uno de los instrumentos más importantes para acabar con la impunidad de los terroristas de ETA".

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