El Ejecutivo celebró el pasado viernes el primer Consejo de Ministros posterior a la segunda cita con las urnas en un periodo de seis meses.
Entre los asuntos aprobados, el Ejecutivo tuvo conocimiento del informe sobre sanciones al Reino de España por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea y de la aplicación del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio de 2013, por el que se regularon los criterios y el procedimiento para repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea en el año 2015.
En concreto, han sido tres los procedimientos tramitados:
- Por un lado, la multa que la UE al Reino de España por la manipulación de los datos del déficit en la Comunidad Valenciana. El procedimiento de repercusión concluyó con el Acuerdo del Consejo de Ministros del 4 de marzo de 2016 que estableció la repercusión a la Comunidad Valenciana del pago de la multa de 18,93 millones de euros.
- Por otro, treinta procedimientos tramitados por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) como consecuencia de cuatro Decisiones de Ejecución de la Comisión Europea contiene los procedimientos. Estos procedimientos incluyen correcciones financieras por importe total de 45.735.342,39 euros, de los que 34.973.965,72 euros se han repercutido a los organismos pagadores de las Comunidades Autónomas y 10.761.376,67 euros han sido asumidos por la Administración General del Estado.
- Por último, los procedimientos tramitados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), relativos al cierre del Programa Operativo de Fomento del Empleo, cuya tramitación concluyó con un Acuerdo del Consejo de Ministros del 5 de junio pasado que fijó la repercusión a varias Comunidades Autónomas por valor de 1.529.877,63 euros.
El citado Real Decreto 515/2013 recoge en su parte expositiva que desde la entrada de España en las Comunidades Europeas en 1986, las normas del Derecho comunitario pasan a integrarse en nuestro sistema de fuentes del Derecho. Desde ese momento, España, como Estado miembro, queda obligada a aplicar el Derecho de la Unión Europea, de acuerdo con los principios de primacía y efecto directo del derecho europeo y el de colaboración leal, entre otros. Como Estado territorialmente descentralizado, estos principios vinculan al conjunto de las Administraciones Públicas. No obstante, es el Reino de España, tal y como establecen los Tratados europeos, el responsable ante dichas instituciones por el incumplimiento del Derecho de la Unión Europea.
Procedimiento para determinar responsabilidades
El procedimiento previsto en el Real Decreto tiene su origen en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, del 27 de abril de 2012, que estableció por primera vez en el ordenamiento jurídico español un procedimiento común para la determinación y repercusión de las responsabilidades derivadas de los incumplimientos del Derecho de la Unión Europea, que, en principio y como responsable ante la Unión Europea, debe abonar el Estado.
Según informó el Gobierno, se trata del segundo informe de esta naturaleza y se presenta de acuerdo con el Real Decreto mencionado que prevé que corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas elevar anualmente al Consejo de Ministros un informe público de las sanciones a España por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea, los procedimientos iniciados y los resueltos.
