Mariano Rajoy presidió el viernes el último Consejo de Ministros del Ejecutivo en funciones, un día antes de que recibir el respaldo de La Cortes como presidente del Gobierno. Se cierra así casi un año durante el que la mesa interministerial se ha limitado, por tener mermadas sus competencias, a aprobar asuntos de trámite y urgencia. De entre los que dio el visto bueno destaca, por su sustrato jurídico, el acuerdo para la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la ordenación universitaria aprobada por el Gobierno de Aragón, que impide a un centro superior privado duplicar estudios que ya ofrezcan los centros públicos universitarios.
El recurso hace foco en el artículo 49 de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el que se incluyó esa nueva ordenación de estudios. Según explicó la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, esta solicitud de recurso se lleva a cabo "después de que la negociación prevista entre ambas partes no haya dado resultado". El Gobierno pide además al Tribunal Constitucional la suspensión de la norma.
En mayor detalle, el citado artículo 49 promueve una modificación del artículo 5 de la Ley de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón que tiene por objeto regular la programación universitaria, su formación y efectos.
En concreto, según explicó el Gobierno, impone una prohibición que se entiende contraria al ordenamiento jurídico y que establece, literalmente, que "en todo caso, la implantación de nuevas enseñanzas de Grado en centros de educación superior privados no podrá suponer la duplicidad de las enseñanzas existentes en los centros universitarios de Huesca, Teruel y la Almunia de Doña Godina".
Vulneración del derecho a la autonomía de las Universidades
El Consejo de Ministros considera que este precepto infringe la autonomía universitaria reconocida en el artículo 27 de la Constitución, y los artículos 3 y 5 de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, tal y como ha apreciado el Consejo de Estado en su dictamen.
En concreto, la vulneración del derecho a la autonomía de las universidades se produce, según el Gobierno central, al introducir una prohibición injustificada a operadores del ámbito de la enseñanza superior de carácter privado para decidir sobre los títulos de grado que consideran adecuados incluir en su oferta docente.
Además, la ley autonómica incurre según el Ejecutivo en una restricción al principio de libertad de empresa en relación con los centros privados y vulnera, como hemos adelantado, los artículos 3 y 5 de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, al ser la medida innecesaria y desproporcionada, y resultar discriminatoria.
En concreto, la vulneración del derecho a la autonomía de las universidades se produce al introducir una prohibición injustificada a operadores del ámbito de la enseñanza superior de carácter privado para decidir sobre los títulos de grado que consideran adecuados incluir en su oferta docente.
La Universidad de Deusto recibirá 4,4 millones en cumplimiento de una sentencia
En otro orden de cosas, pero también en materia universitaria, el Consejo de Ministros acordó la aplicación del Fondo de Contingencia para financiar sendos créditos extraordinarios en el Ministerio de Economía y Competitividad, destinados a la ejecución de las siguientes sentencias:
- 4.489.368,78 euros, por sentencia firme de la Audiencia Nacional de 12 de noviembre de 2013 a favor de la Universidad Católica de Deusto, sobre una subvención que no pudo hacerse efectiva, contemplada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, así como los correspondientes intereses y costas.
- 4.881.284,20 euros, según lo establecido en la sentencia firme de la Audiencia Nacional de 3 de octubre de 2013, relativa al abono de una subvención prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2011 a la Fundación European Virtual Engineering, la cual finalmente no pudo hacerse efectiva, así como los intereses y las costas.
