La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró ayer que el Gobierno revisará la Ley de Libertad Religiosa de 1980 para incorporar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre libertad de conciencia. Durante su intervención en la Comisión Constitucional en el Senado, De la Vega indicó que, «por el momento en la que fue elaborada», esta ley «desconoce el derecho a la libertad de conciencia, cuya regulación sencillamente silencia».
Así, la vicepresidenta añade que la norma tampoco contempla "muchos avances introducidos por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional relacionados con el contenido y las condiciones de ejercicio de este derecho en un Estado aconfesional".
De la Vega indicó que esta jurisprudencia "ya ha advertido acerca de los límites del derecho a la libertad religiosa en determinados contextos públicos en los que se desarrolla la vida en común", como son "los centros escolares, los hospitales públicos o los ámbitos de actuación de las Fuerzas armadas".
En este sentido, el Gobierno considera que "es tiempo de reflexionar con las demás fuerzas políticas" sobre los conflictos entre libertad religiosa y otros derechos fundamentales (a la vida, a la educación, al trabajo), para proceder, "con el debido consenso, a las modificaciones necesarias de la ley, adaptándola a la realidad de la España de hoy".
NEUTRALIDAD DEL ESTADO
Igualmente, el Ejecutivo socialista considera que la ley debe ser modificada porque "el carácter laico del Estado le exige una mayor neutralidad ante el fenómeno religioso", de manera que se eviten "situaciones de discriminación de unas confesiones o creencias respecto de otras".
En cualquier caso, explicó que la reforma se hará desde "el consenso absoluto". "No se trata de legislar contra nadie", pero es un cambio necesario porque "la percepción ciudadana del fenómeno religioso, sobre todo en lo relativo a lo público, ha experimentado cambios significativos desde 1980", agregó.
Por último, De la Vega recordó que la Constitución española regula la laicidad del Estado, "que es la no injerencia de ninguna religión en los asuntos públicos", y añadió que el Gobierno ha mantenido unas relaciones de "respeto" con las distintas religiones durante la pasada legislatura.
PP: QUE EL ESTADO NO VAYA CONTRA LA RELIGIÓN
Mientras, el portavoz 'popular' en esta comisión, José Ferrández, avisó al Gobierno de que el PP les apoyará si esta modificación es "para que avanzar en la libertad religiosa", pero si sirve para que "el Estado tome partido contra la religión y que ésta desaparezca de la vida pública, entonces el PP estará en contra por ser un aspecto contrario a la Constitución".
Por su parte, el portavoz de CiU, Jordi Casas, dijo que es un "tema complicado" que hay que "administrarlo con mucho tino, clama y tranquilidad".
