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El Gobierno refunde las normas vigentes que inciden en el principio de prevención y control de la contaminación

19 de Diciembre de 2016

Las normas vigentes que inciden en el principio de prevención y control de la contaminación generada por las más de seis mil instalaciones existentes actualmente en España, han tomado cuerpo de naturaleza en un único texto. A tal fin, el Gobierno aprobó el pasado viernes, vía Real Decreto Legislativo, el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.


Según informó el Ejecutivo al término del Consejo de Ministros, dicho texto refundido "mejora la calidad normativa y la seguridad jurídica en la materia, al incorporar en un único texto legal la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, así como las diversas normas con rango legal que la han modificado desde su aprobación en 2002". Cabe recordar que el pasado 11 de noviembre el Gobierno presentó la ratificación del Acuerdo de París. Según su portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, el siguiente paso era refundir todos los textos en vigor en la materia, "en aras de la claridad y la transparencia".

Autorización Ambiental Integrada

El Real Decreto hace hincapié en el requisito de la Autorización Ambiental Integrada, mediante la que se supedita a su obtención la puesta en marcha de las instalaciones incluidas en su ámbito de aplicación. Concreta que dicho permiso debe concederse de forma coordinada cuando en el procedimiento intervengan varias autoridades competentes. En la Autorización se concretan las condiciones ambientales que se exigen para la explotación de las instalaciones. También se especifican los valores límite de emisión de sustancias contaminantes al aire, al agua y la gestión de los residuos, así como la protección del suelo, que se basarán en las mejores técnicas disponibles en el ámbito europeo. Según la Ley, las autorizaciones ambientales integradas se concederán por un plazo máximo de ocho años y se renovarán por períodos sucesivos, previa solicitud del interesado.

El marco legislativo en la materia obedece a una política europea global que tiene por objeto la prevención y el control integrado de la contaminación. Una de las actuaciones más ambiciosas puestas en marcha Unión Europea para la aplicación de este principio fue la aprobación de la Directiva 96/61/CE, del Consejo, de 24 de septiembre, relativa a la prevención y al control integrado de la contaminación, mediante la que se establecen medidas para evitar, o al menos reducir, las emisiones de estas actividades en la atmósfera, el agua y el suelo, incluidos los residuos para alcanzar un nivel elevado de protección del medio ambiente considerado en su conjunto. Esta Directiva fue incorporada al ordenamiento jurídico español a través de la mencionada Ley de prevención y control integrado de la contaminación, del 1 de julio de 2002. La citada Directiva ya supeditaba la puesta en marcha de las instalaciones incluidas en su ámbito de aplicación a la obtención de un permiso escrito, "que deberá concederse de forma coordinada cuando en el procedimiento intervengan varias autoridades competentes".

Nueva Directiva de 2010

Con el mismo principio integrador, otra Directiva comunitaria del 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales, derogó la anterior Directiva y trató de incorporar las conclusiones de la Estrategia temática sobre la contaminación atmosférica, la Estrategia temática sobre la prevención y reciclado de residuos, y la "Estrategia temática sobre la protección del suelo, lo que dio lugar a la modificación de la normativa española en vigor, para su transposición, con el objetivo de responder a la necesidad de obtener mejoras de la salud pública y ambientales asegurando, al mismo tiempo, la rentabilidad, y fomentando la innovación técnica.

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