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El Gobierno retira el recurso ante el TC del Ejecutivo Rajoy frente a la Ley Catalana de Sanidad Universal

17 de Septiembre de 2018

A finales del pasado mes de julio el Gobierno acordó vía Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio modificar la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud para devolver a los sin papeles el derecho a la sanidad universal. Dicha modificación ha llevado apenas mes y medio después a acordar el desistimiento del recurso de inconstitucionalidad presentado por el anterior Ejecutivo frente a varias disposiciones de la Ley de Cataluña 9/2017, de universalización de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos mediante el Servicio Catalán de Salud.

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El Tribunal de Garantías admitió a trámite el recurso de gabinete Rajoy, en el que se solicitaba la impugnación de los artículos 1, 2 (apartados 2 y 3), 3, 4, 5, las disposiciones adicionales segunda, tercera, cuarta y séptima, y la disposición final primera de la ley catalana.

Sin embargo y ante el nuevo marco legislativo estatal, el Ejecutivo considera que la aprobación del mencionado Real Decreto-ley "ha permitido el acomodo constitucional de la Ley catalana de universalización de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos", ya que "ha ampliado el ámbito de la protección sanitaria en nuestro país haciendo desaparecer la contradicción anteriormente existente entre la norma autonómica y la base estatal".

El Tribunal Constitucional acordó, por providencia del 24 de abril, suspender la vigencia y aplicación de los citados artículos por un periodo de seis meses, plazo que estaba ya muy próximo a su finalización. A pesar de que aún no se había pronunciado, todo parecía indicar que el TC podría haber declarado inconstitucionales estos preceptos de la misma forma que había declarado inconstitucional una ley similar en la Comunitat Valenciana, que permitía sanidad universal, también para personas en situación irregular al considerar precisamente que la norma no era compatible con la legislación de la administración central.

Se refería el TC al Real Decreto-ley 16/2012 de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, mediante el que el anterior Ejecutivo suprimió la asistencia sanitaria integral. En su comparecencia para presentar el RD-ley 7/2018 ante los medios de comunicación, la anterior ministra socialista de Sanidad, Carmen Montón, señaló que "a partir de hoy, la titularidad del derecho a la asistencia en el Sistema Nacional de Salud se basa en la condición de ciudadanía, por tanto, se desliga de la condición de asegurado". 

 
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