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El Gobierno se adhiere al Día Mundial contra la pena de muerte y destaca que se cumplen 40 años de su abolición en España

8 de Octubre de 2018

Tal y como viene siendo habitual todos los años, en esta ocasión el Ejecutivo tampoco ha faltado a su compromiso de adherirse al Día Mundial y del Día europeo contra la pena de muerte. Así, el pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó una declaración institucional de apoyo a los principios fundacionales del Día Mundial contra la pena capital, que se celebra desde 2003. En 2007 se aprobó su celebración con carácter europeo.

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El texto pone en valor que en esta ocasión la declaración cobra mayor relevancia ya que se cumplen cuatro décadas de la aprobación de la Constitución, "que abole la pena de muerte en su artículo 15 excepto para tiempos de guerra".

Transcribimos de forma literal el texto aprobado por la mesa interministerial:

Con motivo de esa conmemoración el Gobierno formula la siguiente Declaración:

"El 10 de octubre se celebra desde el año 2003 como el Día mundial contra la pena de muerte y, desde 2007, también como el Día europeo contra la pena de muerte. El Gobierno de España reitera en este 16º Día Mundial su oposición a la pena de muerte en todos los casos y circunstancias, con independencia de la gravedad del delito cometido. La pena de muerte es contraria a la dignidad humana. Carece de efectos disuasorios en el comportamiento criminal y provoca efectos irreparables en caso de error judicial. Su aplicación no beneficia a las víctimas de los delitos. El condenado a muerte y su familia sufren además una espera que constituye en sí misma una tortura.

Esta declaración tiene especial valor en este año en que se cumplen 40 años de la aprobación de la Constitución, que abole la pena de muerte en su artículo 15 excepto para tiempos de guerra. La Ley Orgánica 11/1995 la derogó en el Código Penal Militar, quedando desde entonces abolida para todos los casos. España además es parte en los textos internacionales que proscriben la pena capital, como el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los Protocolos nº 6 y 13 al Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea prohíbe asimismo la condena a muerte y su ejecución en su artículo 2.

La lucha contra la pena de muerte constituye una prioridad de la política exterior española en materia de derechos humanos. El Gobierno proseguirá demandando a los Estados retencionistas el respeto de estándares mínimos en caso de su aplicación y la reducción de los crímenes susceptibles de pena capital, todo ello con vistas a su completa abolición. Intentará asimismo que en los Estados donde hay condenas que no se ejecutan se formalicen moratorias. España contribuyó a la creación en 2010 de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte con sede en Madrid, a la que seguirá contribuyendo junto con los 19 Estados que forman su grupo de apoyo. Seguirá aplicando asimismo las Directrices de la Unión Europea de 12 de abril de 2013 conjuntamente con los demás Estados miembros. Utilizará su presencia en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para promover la abolición. Y actuará en el ámbito multilateral para que la 73ª Asamblea General de las Naciones Unidas apruebe este año la Resolución favorable a la moratoria de ejecuciones con el máximo número de votos".

 
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