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El Gobierno traspone tres directivas en materia de seguridad financiera

26 de Noviembre de 2018

El Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó un Real Decreto-ley mediante el que traspone a nuestro ordenamiento jurídico tres directivas y varios reglamentos comunitarios en materia de seguridad financiera. Dichas directivas tienen el plazo de trasposición vencido y procedimientos de infracción abiertos. La norma es Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera, que fue publicada en el BOE del sábado.

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La norma que principalmente traspone es la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2015 sobre servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2009/110/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.º 1093/2010. Según establece la norma en sus Disposiciones Generales, una vez "consolidada la zona única de pagos, se hace preciso avanzar en la adaptación de la regulación a los nuevos cambios tecnológicos que permiten a los usuarios disponer de forma más fiable de nuevos servicios de pago y nuevos agentes que van implantándose de forma cada vez más intensa, especialmente en el contexto de un mercado más amplio que el nacional".

Así, la directiva de servicios de pago tiene como objetivo crear un marco integrado a nivel europeo y hacer frente a los retos que plantean nuevas fórmulas de pago como Internet o los móviles, garantizando siempre la seguridad de las transacciones.

Los servicios de pago que regula este real decreto-ley son:

  • Los servicios que permiten el ingreso de efectivo en una cuenta de pago y todas las operaciones necesarias para la gestión de una cuenta de pago.
  • Los servicios que permiten la retirada de efectivo de una cuenta de pago y todas las operaciones necesarias para la gestión de una cuenta de pago.
  • La ejecución de operaciones de pago, incluida la transferencia de fondos, a través de una cuenta de pago en el proveedor de servicios de pago del usuario u otro proveedor de servicios de pago.

Denuncias anónimas ante la CNMV

En línea con lo anterior y según informó el Gobierno al término del Consejo de Ministros, la norma completa la trasposición de la Directiva de ejecución sobre abuso de mercado con la creación de un canal que permitirá denunciar de forma anónima determinados incumplimientos en este ámbito a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). También se crea un canal en el Banco de España para comunicar los incumplimientos de las entidades de crédito en materia de solvencia, como exige la Directiva de requisitos de capital.

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, destacó el viernes "el avance que este decreto-ley supone en el proceso de adaptación del ordenamiento interno a la normativa europea y a las recomendaciones de los principales organismos internacionales" y aseguró que el Gobierno "se encontró con 37 directivas sin trasponer a su llegada a La Moncloa".

Según el Ejecutivo, conseguir una pronta transposición y adaptación de la normativa europea ayudará:

  • A mejorar la protección de los derechos de los usuarios de servicios de pago, que puedan realizar transacciones más seguras y que puedan acceder a una oferta creciente de servicios innovadores.
  • A mejorar la eficacia supervisora para garantizar la protección de los inversores y la integridad de los mercados, otorgándole al supervisor los poderes necesarios para sancionar y perseguir conductas relevantes relacionadas con la manipulación del mercado, la venta de determinados productos especialmente complejos o la manipulación de índices.
  • A incrementar la eficacia de la supervisión en solvencia al crear un canal de denuncias anónimas y mejorar la cooperación con otros supervisores;
  • A incrementar la protección del inversor al definir los poderes supervisores que deban tener los supervisores, a fomentar la innovación, y a una mayor competitividad de nuestro sector frente a los socios europeos.
 
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