"Las nuevas tecnologías son un elemento fundamental en la modernización de la administración en general y en la modernización de la Administración de Justicia en particular" "Las nuevas tecnologías nos han permitido hasta la fecha mejorar la tramitación de los expedientes judiciales en los juzgados y fiscalías a través de herramientas cada vez más avanzadas" "Considero imprescindible que la Administración de Justicia ponga los medios para que los profesionales tengan un acceso directo e inmediato a las actuaciones judiciales"
Licenciado en Derecho por la Universidad del País Vasco y Doctor en Derecho con Premio Extraordinario, Magistrado y Profesor Titular de Derecho Procesal, Joaquín Silguero Estagnan ejerció la abogacía desde 1993 hasta 2002 y con posterioridad, fue presidente de colegios arbitrales de la Junta Arbitral de Consumo del País Vasco. En 2005 se incorporó como Letrado al Consejo General del Poder Judicial; también ha participado como ponente en actividades de formación de jueces relacionadas con Internet, oficina judicial, protección de datos y procesos civiles especiales. Antes de ser nombrado Secretario General de la Administración de Justicia ejercía como Director del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), órgano técnico del Consejo General del Poder Judicial. Desde Legal Today hemos querido conversar con él de cara a tomar el pulso a la actualidad de la Justicia, poniendo el énfasis en la importancia del uso de las nuevas tecnologías, la Nueva Oficina Judicial y, en definitiva, acerca de la modernización de la justicia Española.
Defina en unas frases el estado actual de la modernización de la justicia Española y cuál está siendo el papel del Ministerio de Justicia para llevarlo a cabo.
El Ministerio de Justicia está abordando el proceso de modernización de la Administración de Justicia de forma integral y en todos los ámbitos. A este respecto, uno de campos en que se está actuando de forma decidida es el que atañe a las leyes troncales de nuestro ordenamiento jurídico-procesal. Concretamente, en la presente legislatura se pretende aprobar una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial y, paralelamente, una nueva Ley de Planta y Demarcación Judicial. El objetivo primordial de estas leyes, que aún están en fase de borrador, es la creación de los Tribunales de Instancia. La propuesta de la Comisión prevé la supresión de los partidos judiciales tal y como están configurados hoy. Es cierto que desaparecen como estructuras administrativas, pero eso no significa el cierre de las actuales sedes físicas de los juzgados existentes. La previsión de que la cabecera de los Tribunales de Instancia esté en las capitales de provincia no implica la desaparición de las sedes de los juzgados desplegados a lo largo y ancho del territorio de cada provincia. La idea que, en cualquier caso, planea sobre la propuesta es que el nuevo modelo dé más flexibilidad a la organización judicial.
Estas dos nuevas leyes, junto a la Oficina Judicial, que se impulsó por el gobierno del Partido Popular en el año 2003, van a suponer un cambio radical en al organización de la Justicia en España, modernizando así definitivamente las estructuras judiciales para adaptarlas a los tiempos actuales. Lo que constituye un paso imprescindible para que la aplicación de las nuevas tecnologías en el ámbito de la Administración de Justicia sea realmente eficaz y dé los resultados esperados.
En otros términos, el Ministerio de Justicia, a diferencia de otras etapas anteriores, está partiendo de la premisa de que si no se adapta legalmente y se moderniza el elemento organizativo básico de la Justicia, es decir, los propios órganos judiciales, no se logrará la mejora sustancial que tanto se reclama en su funcionamiento, por relevante que sea la inversión en las nuevas tecnologías. En definitiva, se trata de actuaciones paralelas y complementarias.
Además, a nivel legal también se están dando otros pasos decisivos para mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia, como por ejemplo la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para regular las subastas judiciales electrónicas de forma homogénea para todo el territorio nacional, o potenciando el papel de los Procuradores como colaboradores directos de la Administración de Justicia.
¿Hasta qué punto opina que las nuevas tecnologías pueden ayudar a la consecución de los objetivos del Ministerio de Justicia?
Las nuevas tecnologías son un elemento fundamental en la modernización de la administración en general y en la modernización de la Administración de Justicia en particular.
Un paso especialmente importante se dio con la publicación de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, que al igual que la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos hizo para la administración general, establece una serie de derechos de los ciudadanos y profesionales en su relación con la Administración de Justicia.
Las nuevas tecnologías nos han permitido hasta la fecha mejorar la tramitación de los expedientes judiciales en los juzgados y fiscalías a través de herramientas cada vez más avanzadas, interconectar los diferentes registros de apoyo a la actividad judicial o la realización de notificaciones telemáticas desde los juzgados. Actualmente, los juicios se graban liberando a los secretarios judiciales de un tiempo que pueden dedicar a otras tareas más relevantes. Las nuevas tecnologías dan soporte a las oficinas de víctimas, facilitando a las víctimas de terrorismo y de bebés robados que puede consultar su expediente y realizar solicitudes directamente desde su casa en cualquier lugar del territorio nacional. Hemos puesto a disposición de todos los organismos de la Administración Pública el cargador de expedientes administrativos que permite a cualquier organismo público enviar los expedientes administrativos en formato electrónico a la Audiencia Nacional. Éstos son solo algunos ejemplos, en los últimos años hemos sido testigos de una transformación de la Administración de Justicia propiciada en gran medida por el uso de las nuevas tecnologías. Sin duda la implantación de las nuevas tecnologías está siendo uno de nuestros pilares en la modernización de la Justicia que culminará con el expedientes judicial electrónico, la interconexión de todos los sistemas que dan soporte a la actividad judicial, la interconexión de dichos sistemas con los de otras administraciones, así como el acceso íntegro por medios electrónicos de los ciudadanos y profesionales a los servicios de la Administración de Justicia.
Y ¿cómo afectan a la comunicación profesional-justicia? ¿Cómo se la imagina en el medio plazo?
Los nuevos sistemas informáticos han facilitado en gran medida las relaciones entre los juzgados y los profesionales. En concreto, el sistema Lexnet permite a abogados, procuradores y graduados sociales la recepción de notificaciones desde los juzgados y la Presentación Telemática de Escritos de Trámite es una realidad a día de hoy y ya se está utilizando de forma exitosa en las Jurisdicciones de lo Social y de lo Contencioso/Administrativo en todo el territorio competencia del Ministerio de Justicia y en Cáceres y Mérida en todas las Jurisdicciones. Estamos trabajando en desplegar esta funcionalidad en el resto del territorio, así como en incorporar la posibilidad de remitir escritos iniciadores.
En este sentido, un tema importante en el que tenemos que seguir trabajando conjuntamente con los Consejos Generales y Colegios de profesionales es en la creación de un directorio único de profesionales para cada colectivo, de tal forma que cada profesional pueda acceder con la mayor facilidad posible a todos los servicios que se ofrezcan desde la Administración de Justicia, algunos ya existentes como las notificaciones y presentaciones de escritos que mencionaba, y otros nuevos como el acceso electrónico al estado del expediente.
En este sentido, considero imprescindible que la Administración de Justicia ponga los medios para que los profesionales tengan un acceso directo e inmediato a las actuaciones judiciales. La implantación plena del expediente judicial electrónico permitirá en su momento que los profesionales en cada caso autorizados puedan acceder a esa información en tiempo real a través de sistemas de consulta telemáticos.
A medio plazo muchos de los trámites que ahora requieren desplazamiento de los profesionales a los juzgados se realizarán directamente desde sus despachos, accediendo de forma segura con su certificado electrónico. Esto redundará en un mayor aprovechamiento de los recursos disponibles en la Administración de Justicia, una mayor eficacia y flexibilidad en las comunicaciones al poder realizarse desde cualquier lugar y en cualquier momento, y una reducción en los tiempos de los procedimientos.
¿Cuáles son los principales retos con los que se encuentra el Ministerio para conseguir esos objetivos?
Actualmente, como en el resto de los servicios públicos de la administración, nos encontramos ante una reducción del presupuesto sustancial, que por supuesto supone un importante reto a afrontar. En un contexto de reducción de presupuestos es el momento de buscar soluciones más eficientes para mejorar la Administración de Justicia, es el momento de innovar en la búsqueda de soluciones que nos permitan dar un mejor servicio a un menor coste.
Estas soluciones pasan necesariamente por el uso de las nuevas tecnologías que son uno de los principales motores del cambio que permiten en un menor espacio de tiempo mejorar y hacer más eficientes los servicios recuperando la inversión realizada.
Otro de los principales retos que tenemos que afrontar es mejorar la interoperabilidad de los sistemas, especialmente entre los sistemas informáticos de la administración de justicia que dependen del Ministerio de Justicia, el CGPJ, la Fiscalía General del Estado y de cada una de las Comunidades Autónomas con competencias en Justicia, así como con entidades externas con las que los juzgados se relacionan a diario. En este sentido, se ha creado el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE) como marco institucional para la cooperación entre todas las administraciones y organismos con competencia en materia de administración electrónica y que tiene por objeto el fomento de la compatibilidad y aseguramiento de la interoperabilidad, el establecimiento de las bases para el desarrollo del esquema judicial de interoperabilidad y seguridad, y la cooperación e implicación de todos sus miembros en dichas tareas fundamentales. El objetivo final es conseguir una interoperabilidad global, consecuencia de un proceso integral, donde los sistemas de información tengan capacidad plena para compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimientos entre ellos.
"¿Cuando considera que la completa "Nueva Oficina Judicial" se convierta en una realidad?
Afortunadamente la Oficia Judicial es ya una realidad. En este sentido, se siguen dando pasos decisivos para generalizar el modelo de Oficina Judicial, y ello no solo por parte del Ministerio de Justicia, en la parcela en que es competente, sino también por las Comunidades Autónomas con competencias transferidas. Y lo que es más importante, la implantación de este nuevo modelo organizativo, aún incipiente si se tiene en cuenta el largo período en que ha estado vigente el modelo anterior, ha permitido evaluar cuáles son los puntos a mejorar, pero sobre todo, las virtudes y ventajas de esta nueva forma de organizar el trabajo en las dependencias judiciales, logrando una mayor uniformidad en la tramitación de los asuntos. Así lo acredita el premio a la calidad de la Justicia que el CGPJ ha concedido recientemente al Servicio Común de Ejecución de Cuenca.
De este modo, en el tercer aniversario de la Nueva Oficina Judicial que está a punto de cumplirse se puede afirmar con rotundidad que la misma ya está consolidada y que se han superado los problemas inicialmente detectados por la falta de experiencias y referentes previos en este ámbito, de manera que los resultados estadísticos que ofrece la Oficina Judicial empiezan a ser positivos, como sucede, por ejemplo, en el caso de León, donde han disminuido por primera vez el número de asuntos en relación con los tres últimos ejercicios.
Ahora el reto para el Ministerio de Justicia está en adaptar la Oficina Judicial a los Tribunales de Instancia, la otra gran novedad a nivel organizativo, y en ello se está trabajando intensamente a fin de estar preparados cuando entre en vigor la nueva LOPJ.
¿Y si nos compara en un contexto internacional?
En el contexto internacional podemos remitirnos al último informe de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ) publicado en 2012 sobre datos de 2010, en el que España fue el sexto país europeo con mayor presupuesto público destinado a Justicia: 4.632.278.011 euros. Según este mismo informe España se encuentra en el puesto 19 de los 48 países analizados en cuanto a aplicación de las nuevas tecnologías en los juzgados. En estos últimos años, pese a la reducción presupuestaria, hemos mejorado nuestros sistemas y esperamos estar aún mejor situados en el informe que se publicará en 2014.
Por otro lado, el Ministerio de Justicia de España viene participando en diversos proyectos internacionales entre los que cabe destacar e-CODEX, proyecto en el que participan 21 países europeos, que se inició en 2011 y finalizará a principios de 2015. En este proyecto España lidera junto con Austria la construcción de la capa de transporte que forma parte de la plataforma tecnológica que está creando dentro del proyecto que permitirá la interconexión de los juzgados de todos los Estados Miembro.
Otro proyecto especialmente relevante es la interconexión de Registros Europeos de penados (ECRIS), en la que España fue pionera junto con Austria en realizar el primer intercambio de información en abril del año pasado.
Adicionalmente, el Ministerio de Justicia es un miembro activo de los grupos de trabajo de la Comisión Europea y del Consejo de la Unión Europea en materia de justicia electrónica. Dentro de éste último se viene trabajando en los últimos meses en el nuevo Plan de Acción multianual de e-Justicia 2014-2018 que próximamente verá la luz, y en el que España, además de haber participado en su elaboración, participará a través de los distintos proyectos que en él se proponen.
En definitiva, a nivel internacional España se encuentra muy bien situada y participa activamente en proyectos europeos de gran calado que permiten por un lado la interconexión de nuestros sistemas con Europa y por otro suponen un impulso a la mejora de nuestros sistemas nacionales.
