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El Ministerio de Justicia firma un convenio con el CGAE para presentar las solicitudes electrónicas de nacionalidad por residencia

27 de Julio de 2017

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, y la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, han firmado un convenio para el desarrollo de actuaciones dirigidas a facilitar a los ciudadanos los servicios de información, asistencia y consulta en la presentación de la documentación necesaria para la gestión de los expedientes de nacionalidad por residencia.

MJ

En concreto, el convenio habilitará al Consejo General de la Abogacía para la presentación electrónica de documentos en representación de los interesados y regulará los procedimientos y requisitos para la remisión telemática de la documentación debidamente conformada.

Nuevo procedimiento

Este acuerdo se inscribe en el marco de una estrategia dirigida a canalizar en la medida de lo posible las solicitudes de nacionalidad por residencia del nuevo procedimiento a través de colectivos profesionales y en este sentido establece la obligación de garantizar por parte del Consejo un control previo de las solicitudes, asegurándose de que sólo se incorporen al sistema aquellas que a priori cumplan las condiciones e incluyan toda la documentación exigible. Ello redundará en un menor tiempo de tramitación pues limitará los casos en que sea necesario requerir al interesado para que aporte documentación adicional y facilitará asimismo la calificación de los expedientes.

En este sentido, se estableció un modelo general de convenio al que se adapta el hoy suscrito al igual que los dos firmados anteriormente con el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, el 14 julio de 2016, y con el Consejo General de Procuradores de España, el 20 septiembre de 2016. Asimismo, se está en conversaciones para su posible extensión a otros colectivos como el Consejo General de Economistas.

El convenio tiene naturaleza administrativa y por tanto está excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público. No genera obligaciones económicas entre las partes, si bien el Consejo asume los gastos e inversiones que origine su cumplimiento. El Ministerio de Justicia no regula los honorarios que los abogados perciban de quienes decidan recurrir a sus servicios ya que queda fuera de su ámbito de competencia.

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