El Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha afirmado que España “tiene absoluta legitimidad y absoluto derecho” para realizar los controles que se vienen llevando a cabo en la frontera de Gibraltar. Estas medidas las ha calificado de “aleatorias, legales y proporcionales, precisamente en defensa de la legalidad”. En su opinión, el Peñón “no puede ser la frontera del contrabando de tabaco”.
Jorge Fernández Díaz se ha referido tanto a los actos de contrabando de tabaco que se registran en la frontera de Gibraltar como a las actividades de blanqueo de capitales que "se producen con sociedades construidas en el Peñón". En cuanto a las primeras, el ministro del Interior ha subrayado que Gibraltar "importó el pasado año 140 millones de cajetillas de tabaco y es evidente que la población de la colonia, o los visitantes y turistas, no se fuman esa cantidad". Asimismo, ha destacado que en 2012 fueron aprehendidas por la Guardia Civil más de 725.000 cajetillas de tabaco en la frontera de Gibraltar.
Tras indicar que "está creciendo de manera exponencial este contrabando", el ministro del Interior ha explicado que en los siete primeros meses de este año han sido incautadas 625.248 cajetillas de tabaco, cantidad casi similar a la registrada en todo el año de 2012. Ante estos hechos, Fernández Díaz ha subrayado que es "evidente" que Gibraltar "no está actuando con lealtad" y en este contexto ha defendido que los controles en la frontera "tienen absoluta legitimidad".
En cuanto al blanqueo de capitales, el titular de Interior ha resaltado que la "inmensa mayoría" de las investigaciones "vinculadas con la corrupción o el crimen organizado a nivel nacional e internacional" realizadas por la Policía "acaban en Gibraltar con sociedades o cuentas constituidas y abiertas allí, aprovechándose del velo que oculta esas sociedades y que impide conocer quién es el último beneficiario".
Exteriores anuncia una reforma de la Ley del Juego on line que afectaría a las dinámicas fiscales de Gibraltar
En el seno de la crisis diplomática que se está produciendo estas semanas con el peñón de Gibraltar, el Ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo ha anunciado una reforma en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego que exigirá que las empresas de juego online gibraltareñas-un sector que floreciente en el peñón- tengan que operar a través de servidores situados en España y consecuentemente paguen a Hacienda por los beneficios obtenidos en nuestro país.
La Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego no estipula que los servidores tengan que estar en ningún país determinado, de modo que pueden estar indistintamente en España o en Gibraltar (así como en Malta o la Isla de Mann). Este aspecto produce desde el primer momento controversias en el Ministerio de Hacienda en cuanto a la fiscalidad real y al manejo de las bases de datos de clientes de los juegos.
Dado que el punto que ha hecho recruceder la crisis diplomática con las autoridades del peñón de Gibraltar ha sido la constatción del lanzamiento al fondo del mar de bloques de hormigón que servirían para tirar un cable telefónico que llegaría hasta las islas británicas y permitiría una autonomía absoluta de España en cuanto a estas apuestas on line, el Ministro de Exteriores sostiene que promoverá una reforma en la Ley del Juego que obligase a mantener los servidores dentro del territorio español para que las Autoridades fiscales puedan proceder a su revisión. Ello provocaría, previsiblemente, que los operadores con licencia se vieran abocados a abandonar Gibraltar o bien dejar de operar en territorio español.
