La disensión interna dentro del Partido Popular, públicamente expresada por algunas de sus cabezas visibles a la prensa ha provocado una pausa que se augura larga en la entrada en las Cortes Generales del Anteproyecto del Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada aprobado en el último Consejo de Ministros de 2013.
En la reunión de la Ejecutiva del PP celebrada esta semana, primera del año y también primera desde que el Consejo de Ministros aprobase el Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada cristalizó lo que todos estamos viendo en los periódicos, que fue la puesta en común de la disensión interna en el partido por la redacción que se ha dado a la reforma del aborto. Celia Villalobos pidió debatir el argumento en el Comité Ejecutivo, iniciativa que no fue secundada con efectividad por nadie. De hecho, Mariano Rajoy ha pedido expresamente no seguir debatiendo el tema en público.
La que sería futura Ley retoma el sistema de supuestos en los que se basaba la Ley del Aborto de 1985, tres veces avalado por el Tribunal Constitucional, y que fue sustituido por el de plazos en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, del 3 de marzo de 2010, recurrida ese mismo año ante el Alto Tribunal por el Grupo Parlamentario Popular, y que cuando entre en vigor el nuevo texto quedará derogada. Sin embargo, las voces contrarias argumentan que es más restrictiva que la de 1985 y de hecho instauraría una brecha social y de derechos entre hombre y mujer.
La propuesta del PSOE de hace unos días de un Pleno con voto secreto está prácticamente descartada. Jesús Posada, Presidente del Congreso de los Diputados, ha llegado a matizar que dicho voto secreto es técnicamente imposible por el Reglamento de la Cámara; práctica que, sin embargo, en determinadas ocasiones sí se verifica.
Otra opción jurídica que cabría, de afianzarse el bloqueo público que traspasa a lo político de la reforma de la Ley del Aborto, sería esperar al pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional sobre el recurso interpuesto por el PP a ley de plazos que aprobó en 2010 el Gobierno de Rodríguez Zapatero. De hecho, Juan Vicente Herrera, presidente autonómico de Castilla y León ha apelado a razones de "interés y oportunidad" a favor de dicha espera.
