El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado las bases que regirán la convocatoria y el proceso selectivo para la provisión de dieciséis cargos judiciales, entre ellas las correspondientes a la presidencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, cuyo actual titular, Manuel Marchena Gómez, cumplirá el próximo mes de octubre los cinco años de mandato.
El órgano de gobierno de los jueces también ha aprobado las bases de convocatoria para otras tres plazas del alto tribunal: una de magistrado en la Sala Segunda, correspondiente al turno general; una de magistrado en la Sala Tercera, asimismo del turno general; y una en la Sala Cuarta, del turno de juristas.
Estas tres plazas quedarán vacantes por la jubilación de los magistrados Alberto Jorge Barreiro (Sala Segunda), Juan Carlos Trillo Alonso (Sala Tercera) y Miguel Ángel Luelmo Millán (Sala Cuarta).
Este último ocupaba plaza de especialista, pero el Pleno ha acordado que la convocatoria se haga por el turno de juristas para regularizar la composición de la Sala, actualmente integrada por cinco magistrados del turno general, seis del turno de especialistas y dos del turno de juristas.
El resto de las bases de convocatoria aprobadas corresponden a las presidencias de cinco Tribunales Superiores de Justicia -los de Aragón, Asturias, Extremadura, Canarias y Navarra-; de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Galicia; de las Salas de lo Social de los TSJ de Galicia y de Cataluña; y de cuatro Audiencias Provinciales: las de Bizkaia, Pontevedra, Segovia y Tarragona.
Con la aprobación de las bases de convocatoria, el CGPJ cumple con lo dispuesto por la reforma del artículo 326.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial operada por la Ley Orgánica 4/2018, que establece que la provisión de las plazas de magistrados del Tribunal Supremo y de cargos gubernativos -es decir, de las presidencias de órganos judiciales- "se basará en una convocatoria abierta que se publicará en el Boletín Oficial del Estado, cuyas bases, aprobadas por el Pleno, establecerán de forma clara y separada cada uno de los méritos que se vayan a tener en consideración, diferenciando las aptitudes de excelencia jurisdiccional de las gubernativas, y los méritos comunes de los específicos para determinado puesto".
