El PP ha plasmado, en una de sus propuestas de resolución tras el Debate sobre el estado de la Nación, el compromiso del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de exonerar a las personas físicas del pago de tasas judiciales en todos los órdenes e instancias judiciales para facilitar el acceso de los ciudadanos a la Justicia.
Ni Rajoy cuando lo anunció el martes en el Congreso ni el PP en su propuesta han dado plazos ni detallado si se hará mediante una ley del Gobierno o a través de una enmienda transaccional del PP a la Ley de Justicia Gratuita, que aún está en tramitación en la Cámara baja.
En la misma propuesta, el partido del Gobierno propone reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, modificando las reglas de conexidad para evitar la dilación en las macrocausas y fijar plazos máximos de instrucción. También apuesta por agilizar la Justicia generalizando el uso de las nuevas tecnologías y modificando la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Además, pide poner en marcha la Oficina de Gestión y Recuperación de Activos e implementar las nuevas figuras de decomiso para asegurar la reparación de las víctimas, evitar que el delincuente se beneficie del delito y potenciar la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada transfronteriza.
Por último, propone seguir fomentando las medidas necesarias para proteger a las víctimas, especialmente las de violencia de género, tanto en la implementación del Estatuto de la Víctima como en la reforma del Código Penal y posteriores modificaciones legislativas.
El PP plantea estas medidas porque quiere una Justicia "al alcance de todos, que dé respuestas ágiles, que sea igualitaria y que preste un servicio de calidad". En su propuesta manifiesta su especial preocupación por la necesidad de tener una Justicia eficaz en la lucha contra la corrupción para avanzar en la "calidad de la democracia".
