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SHALE GAS Y TÉCNICA DEL FRACKING, A DEBATE POR LOS MOVIMIENTOS SÍSMICOS DE CASTOR

El proyecto Castor pone sobre la mesa el vacío normativo de la técnica del fracking

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El Congreso rechazó en febrero prohibir el 'fracking' en España con los votos de PP, CiU y UPyD. El Gobierno Vasco ha invertido 40 millones de euros en la exploración de pozos en el campo de Gran Enara en Álava. &El Gobierno de Castilla y León ha emitido dos licencias de exploración a Trofagás, empresa subsidiaria de BNK Petroleum, para cubrir una zona de 34.765,50 hectáreas en la provincia de Burgos. El 'fracking' supone extraer gas y petróleo de las gases de las rocas con agua, arena y productos químicos para la extracción.

En la comparecencia parlamentaria de ayer del Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, para explicar la postura de su departamento ante la situación coincidió con el debate en el Congreso de los Diputados siete enmiendas a la totalidad de la nueva Ley de Evaluación Ambiental. Esta ley trata de agilizar las declaraciones de impacto ambiental de proyectos, para disminuir el tiempo de tramitación de los cuatro años actuales a seis meses.

Fracking

Los hidrocarburos extraídos con la técnica del fracking son un nuevo tipo de fuente de gas y petróleo no convencional que desplaza las inercias mundiales que marcan la agenda política y económica mundial y que por el momento en la Unión Europea se mueven en el vacío normativo a causa de los dilemas medioambientales. Los procesos de extracción convierten a la materia orgánica contenida dentro de la roca (querógeno) en petróleo sintético y gas.   El petróleo resultante puede ser utilizado como combustible o ser mejorado para ajustarse a las especificaciones del material que alimenta una refineria mediante el agregado de hidrógeno y la eliminación de impurezas tales como azufre y nitrógeno.

La Eurocámara subrayó en noviembre de 2012 en dos resoluciones aprobadas por el pleno que la decisión de explotar el gas de esquisto depende internamente de los países de la UE, pero la normativa europea debe ser lo suficientemente estricta con prácticas que, como la extracción mediante fractura, pueden causar daños al medio ambiente.

Actualmente, y en medio de una indefinición normativa en la UE, hay dos textos aprobados en el Parlamento Europeo dentro de su competencia de Medio Ambiente:

  • Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de noviembre de 2012, sobre las repercusiones medioambientales de la extracción de gas y petróleo de esquisto
  • Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de noviembre de 2012, sobre aspectos industriales, energéticos y otros del gas y del petróleo de esquisto

En España en lo esencial hay vacío normativo, lo que se está preparando es la reforma de la Ley de Hidrocarburos ( Ley 34/1998, de 7 de octubre) que permita a las empresas que están invirtiendo manejarse sin demasiados obstáculos en el territorio.

El Ministro Soria compareció en Comisión parlamentaria el mismo día -ayer- en que se sometieron a debate en el Congreso de los Diputados siete enmiendas a la totalidad de la nueva Ley de Evaluación Ambiental. Esta ley trata de agilizar las declaraciones de impacto ambiental de proyectos, para disminuir el tiempo de tramitación de los cuatro años actuales a seis meses.

La oposición criticó fuertemente al Gobierno porque la norma pone coto a la participación ciudadana en los procedimientos simplificados o incluso deja que se aprueben determinados  proyectos por ley sin tener que hacer ese estudio ambiental. Precisamente, "Castor fue fruto de una evaluación ambiental claramente insuficiente", consideró Joan Baldoví, de Compromís Equo. Laia Ortiz, de Izquierda Plural, quien matizó que los almacenamientos de gas, como Castor, se tramitarán si la ley queda como quiere el Gobierno por la vía simplificada.

Coordinación con las Administraciones

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, presidió el lunes 7 en la sede del Ministerio una reunión con Administraciones autonómicas y locales afectadas por los movimientos sísmicos registrados en Valencia y Cataluña. El ministro Soria ha informado de las investigaciones que ha puesto en marcha el Ministerio para averiguar las causas de los movimientos y su relación con las pruebas de inyección y extracción de gas colchón en el almacenamiento subterráneo Castor, situado a 22 kilómetros de la costa de Vinarós y detenido por orden del Ministerio de Industria, Energía y Turismo desde el pasado 26 de septiembre.

El proyecto actualmente está parado. El ministro de Industria, José Manuel Soria, aseguró ayer en el Congreso de los Diputados que ha pedido al TS la declaración de lesividad de una cláusula de la concesión administrativa a Escal UGS -empresa gestora del proyecto- por su lesividad al interés general. Dicha cláusula está en el artículo 14 del RD que otorgó el proyecto en el año 2008, y prevé que, en el caso de suspensión o finalización de la concesión, las instalaciones pasarían a ser titularidad del Estado y se tendría que indemnizar al operador con su valor neto. Si hubiera dolo o negligencia, dicha indemnización descendería hasta el "valor residual" de las estructuras.

El ministro señaló a primeros de este mes cuando empezaron los movimientos sísmicos que la prioridad del Gobierno es la seguridad de los ciudadanos por lo que ha asegurado que se mantendrá el cese de actividad de inyección y extracción en el almacenamiento subterráneo hasta que la seguridad del mismo esté totalmente garantizada por los informes técnicos pertinentes.

El ministro Soria ha detallado las actuaciones llevadas a cabo por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo desde que a principios del mes de septiembre comenzaron a registrarse micro seísmos en la zona hasta que, el día 24 de septiembre, se registró un seísmo de una magnitud superior a 3,5 grados en la escala de Richter que provocó que el Ministerio dictara una resolución para el cese de actividad de inyección y extracción en la instalación.

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha puesto en marcha un grupo de trabajo interministerial para coordinar las actuaciones de los distintos Ministerios implicados así como otro grupo de trabajo técnico, integrado por expertos del Instituto Geográfico Nacional y del Instituto Geológico Minero Español. Este grupo de trabajo técnico, al que se han incorporado expertos independientes, está recabando datos y elaborando informes, por ahora preliminares hasta que puedan ser definitivos, informó el ministro de Industria durante la reunión.

El Ministerio está en contacto permanente con ESCAL, la empresa concesionaria de Castor que remite informes diarios sobre la situación de la instalación además de la información adicional requerida por el Ministerio.

Además, el Ministerio está en contacto con las delegaciones de Gobierno en las Comunidades Autónomas de Valencia y Cataluña, así como con los gobiernos autonómicos. En la reunión, el ministro trasladó a éstas autoridades así como a los alcaldes y presidentes de Diputaciones presentes la voluntad del Gobierno de mantener este contacto para transmitir información y coordinar actuaciones.

En la reunión estuvieron presentes el presidente de la Generalitat de Valencia, Alberto Fabra, el conseller de Interior de la Generalitat de Cataluña, Ramón Espalader, la delegada de Gobierno en Valencia, Paula Sánchez, y los subdelegados del Gobierno en Valencia y Castellón, Luis Santamaría y David Barelles.

Además, asistió la delegada de Gobierno en Cataluña, María Llanos de Luna, y el subdelegado de Gobierno en Tarragona, Jordi Sierra.Así mismo, participaron de la reunión el presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, y el vicepresidente de la de Tarragona, Josep María Cruset, así como los alcaldes de Vinarós, Juan Bautista Roig, de Peñíscola, Andrés Martínez, y de Benicarló, Marcelino Domínguez.

Preguntas parlamentarias en el mes de mayo de este año

La diputada Teresa Jordà  del Grupo Parlamentario Mixto preguntó a principios de mayo en el Congreso de los Diputados al Ministro de Industria, Energía y Turismo sobre si se va a permitir que los territorios afectados puedan decidir sobre el "fracking". A su vez, el diputado Pedro María Azpiazu del Grupo Parlamentario Vasco planteó si el Gobierno considera necesario un cambio de prioridades en la política energética.

Por su parte, la diputada socialista Luisa Carcedo preguntó acerca de la situación de la industria del carbón en nuestro país. Por último, el diputado del Grupo Parlamentario Socialista Francisco Puig planteó cómo piensa impulsar el modelo productivo ante la caída de la actividad industrial en España.

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