Considera que el recurso no es incompatible con la elección de nuevos miembros del CGPJ.
El Grupo Parlamentario Socialista del Congreso interpondrá este jueves un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en pleno proceso de renovación de este órgano, porque considera la reforma un «atropello», una «ocupación política» y un «golpe mortal» a la independencia judicial.
En un comunicado, el Grupo Socialista ha denunciado "la supresión de las mayorías cualificadas" para las decisiones más importantes y los nombramientos del Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y el resto de los Tribunales. Critica además el "desapoderamiento de funciones del Consejo" y avisa de que con todo ello el Gobierno asesta "un golpe mortal a la independencia del Poder Judicial y una ocupación política del mismo, con ruptura de todos los consensos y de las reglas del juego".
Para el PSOE, la reforma no respeta principios constitucionales esenciales y supone un "golpe sin parangón a la independencia judicial" y "una ocupación política" del Consejo General del Poder Judicial por parte del Gobierno del PP que "traspasa todos los límites tolerables en una democracia".
El anuncio de los socialistas llega en pleno proceso de renovación del órgano de gobierno de los jueces, ya que el mandato del actual terminó el 24 de septiembre. Fuentes de la dirección del Grupo Socialista defienden que el recurso no es incompatible con la renovación del órgano, aunque no confirman la existencia de conversaciones con el PP para elegir a miembros que sean de consenso.
Precisamente, esta semana tanto el Congreso como el Senado han decidido prorrogar 15 días, hasta el 8 de octubre, el plazo para que los grupos presenten candidatos al Consejo.
El GCPJ lo componen 20 vocales, de los que doce son jueces y ocho deben ser juristas de reconocido prestigio. El Congreso elige a la mitad y el Senado a los otros 10, en ambos casos con una mayoría cualificada de tres quintos.
Posibilita una renovación parcial
La nueva ley, auspiciada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, posibilita que, en caso de bloqueo, el Consejo del Poder Judicial pueda darse por renovado y constituirse si al menos una de las dos Cámaras logra elegir a diez vocales, algo que el PP no puede hacer unilateralmente en el Congreso pero sí en el Senado, donde dispone de mayoría suficiente.
Este asunto ha indignado especialmente a los socialistas, que creen que de este modo se rompen las reglas del juego. De hecho, el PSOE ya anunció su intención de recurrir el nuevo modelo de Consejo cuando la norma salió adelante el pasado mayo con el voto en contra de la oposición y la crítica del mundo judicial. Los grupos criticaron la falta de diálogo en la tramitación de la ley y hablaron de "atraco" y de "manifiesto ataque" a la independencia del Poder Judicial.
La reforma permite además por primera vez en la historia compatibilizar el cargo de vocal con el ejercicio de la profesión. En esta situación, tan solo la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de carácter conservador y mayoritaria en la Carrera, ha aceptado avalar candidatos.
Mientras tanto, la asociación Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, Unión Progresista de Fiscales, Asociación Profesional Independiente de Fiscales emplazaron a un ministro que, a su juicio, se ha quedado "solo" a retirar el articulado.
54 candidatos de la carrera
Las mesas del Congreso y del Senado ya han recibido una lista con los 54 candidatos procedentes de la carrera judicial avalados por la APM o bien presentados como independientes. De ellos deberán salir 12 nombres, pero no hay constancia de que los partidos, que al final deben votar a los vocales, hayan empezado a seleccionar.
En paralelo, los partidos deben elegir a ocho vocales de entre juristas de reconocido prestigio, proceso que se abrió el pasado día 10 con la apertura de un plazo de dos semanas dado a los grupos parlamentarios para presentar propuestas, en las que tiene que incluir candidatos y suplentes. Cumplido el plazo, no hay propuestas, por lo que las Cámaras han dado otros quince días.
Aunque cada cámara es autónoma para seguir este proceso de renovación, fuentes parlamentarias explicaron que Congreso y Senado van a procurar seguir los mismos criterios y que el proceso sea paralelo.
