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CASI DOS TERCIOS DE VOTANTES DEL PP LAS CONSIDERAN INCONSTITUCIONALES

El rechazo a las tasas judiciales es también mayoritario incluso entre los votantes del partido del Gobierno

12 de Febrero de 2013

El Índice de la Opinión Pública realizado por Simple Lógica sobre la “aceptación y las expectativas” de la Ley de tasas revela que para casi tres cuartas partes de los ciudadanos cree que las nuevas tasas judiciales son contrarias a la Constitución —opinión que comparte el 62,9 por ciento de los votantes del Partido Popular—, mientras que para el 54 por ciento —38,6 por ciento en el caso de los votantes del PP— contribuirán de algún modo a empeorar el funcionamiento de la Justicia.

Legal Today


El rechazo social mayoritario a las tasas judiciales -encabezado por la mayor parte de los profesionales del Derecho- se ve confirmado con un nuevo estudio, el "Índice de la Opinión Pública", relativo a la aceptación y las expectativas de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia, realizado por Simple Lógica a 1.009 personas, mediante entrevistas telefónicas realizadas entre el 3 y el 11 de diciembre de 2012, según el cual para el 73,2 por ciento de la ciudadanía las nuevas tasas judiciales son contrarias a la Constitución porque vulneran el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, mientras que solo uno de cada diez defiende su adecuación a la Carta Magna.

Además, para el 54 por ciento, las tasas judiciales afirma que contribuirán, en alguna medida, a empeorar el funcionamiento de la Justicia.

La opinión crítica con las tasas impuestas por el Gobierno es generalizada y bastante homogénea, sin que se aprecien diferencias porcentuales significativas al atender a la edad, sexo o clase social de los encuestados, aunque sí se aprecia una diferencia reseñable al atender a la opción política: mientras que más del 80 por ciento de los votantes del PSOE considera las tasas inconstitucionales, en el caso de los votantes del PP la proporción baja a "solo" un 62,9 por ciento. Descenso muy similar al que se produce en cuanto a los que consideran que empeorarán el funcionamiento de la Administración de Justicia: un 61,4 por ciento de los votantes socialistas y un 38,6 por ciento en el caso de los populares.

La mayor diferencia se aprecia en los defensores de la constitucionalidad de las tasas, con un 17,8 por ciento de los votantes del PP considera que las nuevas tasas respetan el derecho ala tutela judicial efectiva, por tan solo un 6,1 por ciento de los votantes del PSOE.

¿Quiere conocer el estudio de Simple Lógica completo? http://www.simplelogica.com/iop/iop13002.asp

Bruselas ya ha advertido que "vigilará" por si las tasas restringen el acceso a la justicia

La comisaria de Justicia y vicepresidenta de la Comisión Europea, Viviane Reding, dejó claro este fin de semana, en respuesta a una pregunta de la eurodiputada socialista María Irigoyen, que "el carácter excesivo" de las tasas judiciales "puede constituir una restricción que vulnere la propia esencia del derecho fundamental de una persona a ser oída por un tribunal" aunque "el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictaminado que el requisito de pagar tasas a los tribunales por la tramitación de una causa no constituye en sí mismo una violación del derecho fundamental de acceso a la justicia" y ha prometido hacer seguimiento del caso español.

Y defendió que "el carácter excesivo de una tasa debería evaluarse a la luz de todos los elementos pertinentes de la legislación por la que se establece dicha tasa, incluidas las posibles excepciones que se apliquen a las personas que puedan acogerse a asistencia jurídica".

La eurodiputada socialista ha denunciado ante el Ejecutivo comunitario que la nueva Ley de tasas judiciales en España "fija cuantías desproporcionadas" y "vulnera el derecho de todos los ciudadanos a la tutela judicial efectiva", que está recogido en el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales,"ya que se dificulta a las personas con menos recursos el acceso a la justicia" cuestionando a la Comisión sobre las medidas que piensa tomar para garantizar el derecho a la tutela judicial "efectiva" para "quienes no dispongan de recursos suficientes" en España.

Irigoyen, tras criticar que la Ley obliga a "todos los ciudadanos" y no sólo a las empresas a pagar tasas ha recordado que tanto el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, como el Consejo General del Poder Judicial y las asociaciones de jueces y fiscales creen que la ley incumple el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Reding ha dejado claro que "el acceso a la justicia es un derecho fundamental garantizado" por el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y por el artículo 6, apartado 1, del Convenio Europeo de Derechos Humanos y ha prometido que "la Comisión llevará a cabo un estrecho seguimiento de este asunto" en España.

"La Comisión entiende que el Tribunal Constitucional de España examinará la Ley 10/2012 mencionada por Sus Señorías", aseguró Reding en su respuesta a la eurodiputada española, afirmando que "el acceso a la justicia es un derecho fundamental garantizado" por el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y por el artículo 6, apartado 1, del Convenio Europeo de Derechos Humanos y prometiendo que "la Comisión llevará a cabo un estrecho seguimiento de este asunto" en España.

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