La pederastia, silenciosa en sí misma y a veces equívoca, no requiere tanto medidas legislativas sino el despliegue de la tutela judicial efectiva, algo más amplio que todo lo aprobado en Cortes. No ha fallado el Código Penal, sino la Administración de Justicia. Hay que atajar el problema en su desarrollo, no sólo golpear con fuerza al final, con el daño ya hecho en una magnitud desconocida. Hace quince días se aprobó en el Congreso la creación de un registro de pederastas que se incorporará al Registro Central de Penados al que accederán las autoridades judiciales y las Fuerzas de Seguridad. A la vez, se aprobaron las enmiendas presentadas por CiU con el apoyo de PSOE, PP, CiU y PNV a una proposición de ley del PP para endurecer las penas de los delitos de abusos sexuales a menores. Sin reformular el delito, ¿quién va a aparecer en ese Registro? Se ha empezado por el final.
El padre de Mariluz, un hombre sereno y ecuánime, ha conseguido unir a los partidos para un fin bueno, pero quién sabe si efectivo. El registro de pederastas que ya habían puesto sobre la mesa el Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, las organizaciones Protégeles y Acción Contra la Pornografía Infantil no es una idea original, ya el G8 impulsó hace años la creación de una base de datos común que registrase la información sobre los adultos involucrados en pornografía infantil, cosa que Global Humanitaria y Action Pour Les Enfants llevaban pidiendo desde 2003. En Estados Unidos y Reino Unido hay registros como el que acaban de aprobar las Cortes, pero con un acceso más abierto que el que se ha previsto en España.
En Estados Unidos, cada criminal sexual que sale de prisión tiene que registrarse ante la policía de su Estado, debe notificar los cambios de domicilio y de todos modos cada noventa días ha de dar señales de vida y actualizar su perfil. Los registros en su mayoría son abiertos y hay incluso bases de datos creadas por iniciativa popular donde cualquiera puede consultar si tiene algún vecino con antecedentes por delitos sexuales. No es anormal el ver carteles en casas donde dice "Aquí vive un pederasta"…
En España, y tal y como resultaron las votaciones en el congreso, con el padre de Mariluz vigilante desde lo alto del hemiciclo; en una foto fija casi cinematográfica, se elevarán las penas a los infractores de los delitos contra la libertad e identidad sexual cuando la víctima sea especialmente vulnerable, se tenderá al cumplimiento efectivo de las penas, se introducirán medidas más eficaces de seguridad; y se contemplará de manera más específica en el Registro Central de Penados y Rebeldes la información de penas y medidas de seguridad en sentencias firmes y no firmes por esos delitos.
Pero es que no es el Código Penal el que falló con la niña Mariluz, sino la Administración de Justicia. El único registro al que un juez tiene acceso de un modo inmediato reúne a las personas que tienen sentencia firme: cuando un juez de Sevilla dictó en 2004 la segunda sentencia contra Santiago del Valle, no aplicó la agravante de reincidencia. No lo sabía, porque en el registro no figuraba un fallo del año 2002 en que se le condenaba por abusos sexuales de su propia hija. El motivo de esta no constancia era que la sentencia estaba recurrida ante la Audiencia de Sevilla, instancia que tardó tres años en pronunciarse. Una base de datos centralizada con resoluciones y medidas judiciales impediría una la cadena de errores, pero lamentablemente es más factible cambiar un texto que un sistema. Se ha dado incomunicación entre órganos, olvidos, procesos que se traspapelan; y un caradura con ademanes de justiciero que se presenta ante sucesivos órganos judiciales como si fuese el primero.
Hay que atajar personalidades criminales y patologías que muchas de las veces son irrecuperables, y que, además, en la pederastia se dan en silencio, y gran parte de las veces sin que la víctima se percate, o lo identifique como malo; atajar a través de un sistema que no deje nacer, por asfixia, esos comportamientos.
¿Cómo se adivina el ánimo lúbrico en una mirada o en una inflexión de voz de un adulto a un niño?, ¿cuántos usuarios de Internet en las cuatro esquinas de España hay que miran y almacenan fotos indebidas y que pasan desapercibidos a los rastreos?, ¿cómo se detecta un abuso en un bebe de meses de edad, de uno o de dos años?
Los partidos se han felicitado por las medidas legislativas. Ojalá fuese la solución endurecer penas y ampliar el Registro de Penados, porque se tendría atrapado el problema.
