El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, destacó ayer en Sevilla que la nueva legislación tributaria recientemente aprobada define un entorno de cumplimiento fiscal nunca visto hasta el momento. “Los cambios normativos operados, entre ellos, la ley antifraude de 2012, la ley del gobierno corporativo de las empresas de 2014 y la reforma fiscal, que acaba de entrar en vigor, ya están mejorando el cumplimiento fiscal de empresas y personas”, dijo en la inauguración del curso sobre buen gobierno fiscal y gestión del riesgo en la empresa, organizado en Sevilla por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).
Ferre destacó expresamente las novedades fiscales para 2015 de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo. Con esta norma, los sistemas de gestión de riesgo fiscal se configuran desde el pasado mes de enero como una "facultad indelegable de los consejos de administración" que serán, por tanto, responsables de su buen o mal funcionamiento, al margen de la labor de los respectivos departamentos de fiscalidad.
En esta facultad indelegable se incluye tanto la estrategia fiscal global de la empresa como la aprobación de inversiones u operaciones de todo tipo que, por su cuantía o especiales características, tengan carácter de especial riesgo fiscal. Además, los consejos deberán dar cuenta de ello a la sociedad en su conjunto a través de los informes de gobierno corporativo. Ferre valoró que la gestión del riesgo fiscal "pase a concebirse como un elemento del buen gobierno corporativo", una política impulsada desde la OCDE y adoptada ya por algunos países del mundo anglosajón.
Esta circunstancia "redundará en una mejora de la transparencia de las empresas y, por ende, facilitará la atracción de nuevas inversiones". En la actualidad, sólo el 17% de las grandes empresas realiza alguna mención a su estrategia fiscal en su documentación corporativa, según informes de las grandes consultoras.
El secretario de Estado indicó que el Gobierno hará un esfuerzo para que las empresas profundicen en esta línea de mejor definición de los riesgos fiscales y su estrategia fiscal, ya que, no solo contribuirá a reducir costes empresariales sino también a que la Administración tributaria aproveche mejor sus recursos humanos.
Modelo 720
Ferre resaltó también otros instrumentos aprobados por el Gobierno que definen mejor un entorno de cumplimiento fiscal como la declaración de bienes y servicios situados en el extranjero por el que empresas y personas físicas han comunicado a Hacienda que disponen de bienes en el exterior por valor superior a 124.000 millones de euros.
El modelo de declaración se enmarca dentro de las medidas incluidas en la ley antifraude fiscal (ley 7/2012) de 2012 y permite "aumentar la transparencia fiscal". La primera declaración de bienes fue realizada en 2013 y se ha ido completando en ejercicios sucesivos, nutriendo y mejorando las bases de datos de la Agencia Tributaria, a efectos de comprobaciones presentes y futuras. Ferre ha destacado que en este último año (2015), han sido declarados por primera vez bienes y derechos por valor superior a 14.000 millones de euros, de los que 10.900 millones corresponden a fondos, acciones y seguros, y otros 2.700 millones, a cuentas bancarias y de crédito.
Más control sobre multinacionales
Por otro lado, Ferre destacó los trabajos de coordinación de España con otras administraciones tributarias. En esta línea, ha recordado el proyecto BEPS, de la OCDE, por el que se pretende luchar contra la planificación fiscal agresiva de multinacionales, y en el que España está plenamente integrado.
Fruto de este trabajo se encuentra la nueva obligación de que las multinacionales informen de forma desagregada de los impuestos que pagan "país por país". De hecho, Ferre recalcó que el Gobierno ha incluido un cambio normativo en el borrador del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, que desarrolla la reforma fiscal, y que será aprobado próximamente. Según consta en el citado borrador, las entidades residentes que tengan la condición de dominantes de un grupo empresarial con una cifra de negocios superior a 750 millones de euros, estarán obligadas a aportar la información "país por país" a partir de 2016. Entre la información a aportar se encuentran los ingresos, los resultados brutos, los impuestos satisfechos, los fondos propios y la plantilla.
Relaciones de cooperación
El secretario de Estado resaltó también que estos cambios normativos que suponen un mayor control tributario se están conjugando con una mayor relación de cooperación entre la administración tributaria, el mundo empresarial y los intermediarios fiscales. En este sentido, subrayó la intención de seguir potenciando instrumentos ya existentes en la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) como el Foro de Grandes Empresas y el Foro de Asociaciones y Colegios Profesionales.
