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El Senado cumple hoy el paso previo a la aprobación definitiva de la Ley que reforma la Administración local

3 de Diciembre de 2013

Hoy la Comisión de Entidades Locales del Senado dará luz verde al dictamen de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, remitido por el Congreso de los Diputados. Posteriormente se debatirán vetos y enmiendas y el proyecto de Ley será elevado al Pleno de la semana del 16 de diciembre para su aprobación definitiva. El objetivo de la Ley es mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios por parte de las Entidades Locales y su sostenibilidad, fundamentalmente a través de la reorganización de competencias entre los distintos niveles de las Administraciones Públicas.

Legal Today


Ve su fin, o su fin más o menos cercano el largo proceso legislativo que está viviendo el  Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, motivado este largo proceso esencialmente por la marea de enmiendas a las que está sometido, inspiradas por las diferentes corporaciones locales, uniones de corporaciones, grupos municipales y no menos por la Federación Española de Municipios y provincias. No es casualidad que desde el primer momento que el texto entró en el cauce parlamentario haya ido experimentando sucesivas rebajas en la severidad que presentaba cuando salió del Consejo de Ministros.

Por lo que respecta a la Agenda de mañana en el Senado, la Comisión de Entidades Locales llevará a cabo el debate y la votación del dictamen sobre el proyecto de Ley después de la reunión que se celebrará previamente de  la ponencia que estudia la reforma local para informar del Proyecto

Después de la reunión de la ponencia, que se realizará a puerta cerrada, dará comienzo en abierto la reunión de la Comisión de Entidades Locales que debatirá 7 vetos (PSOE, CiU, Entesa: 2 y G. Mixto: 2) y 447 enmiendas (PP: 53, PSOE: 47, CiU: 58, Entesa: 117, G. Vasco: 21 y G. Mixto: 107).

Las enmiendas, que son consultables en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, esencialmente se refieren a una devolución de competencias a los ayuntamientos dado que, según los diferentes grupos, el texto actualmente en Proyecto de Ley vulnera el arco competencial autonómico y la autonomía local por lo que respecta a la modificación de las funciones de las entidades locales. Asimismo, cuestionan la nueva óptica de repartición y racionalización de los gastos de las diferentes Administraciones locales y la incongruencia del Proyecto de Ley desde la perspectiva de la financiación de las corporaciones locales.

La semana pasada, sin embargo, la Comisión General de las Comunidades Autónomas, reunida en el Senado dio el visto bueno al informe sobre la reforma local, donde se documentaba que el Proyecto de Ley respeta las competencias autonómicas.

La Federación Española de Municipios y provincias, por su parte, quiere que en el Senado se incorpore una enmienda la norma recoja la petición de institucionalización de la FEMP para que ésta pueda servir a los intereses municipales y a los Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares cuyos intereses defiende convirtiéndose en central de compras o en intermediaria para la prestación de servicios a las Entidades Locales. De esa forma -considera la FEMP-  “se ayudará a los municipios a poder ajustar aún mejor de lo que ya lo están haciendo sus ingresos y sus gastos y a modernizar aún más sus herramientas de gestión, especialmente los más pequeños”.

Impacto económico previsto de la reforma local

El Plan Presupuestario de 2014, preparado por el Ministerio de Economía y Competitividad y enviado a la Unión europea por el ejecutivo a mediados del mes de octubre tiene como uno de sus apartados principales precisamente la reforma local española.

Para el Mineco, la reforma prevé un escenario de ahorro de 8.024 millones de euros para el periodo 2014-2019, siendo el mayor ahorro esperado en 2015 (5.127 millones de euros) en términos de incremento anual.

La Ley, desde la perspectiva del Plan Presupuestario tiene los siguientes cuatro objetivos:

>Clarificar y simplificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las competencias de otras Administraciones.

 >Racionalizar la estructura organizativa de la Administración Local, de acuerdo con los principios de eficiencia y equilibrio presupuestario.

>Garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso.

>Favorecer la actividad económica local con medidas liberalizadoras.

El texto suprime las competencias impropias de los Ayuntamientos y regula de forma precisa sus competencias propias. La ley también potencia a las Diputaciones provinciales para la coordinación de la prestación de servicios mínimos obligatorios en los municipios de menos de veinte mil habitantes, incentiva las fusiones voluntarias, aumenta los requisitos para la escisión o creación de nuevos municipios y acaba con los convenios entre Administraciones sin financiación. 

Por otra parte, se establece que los ayuntamientos deberán publicar el coste efectivo de sus servicios, lo cual se considera una mejora de la transparencia y la competencia entre administraciones para mejorar su eficiencia en la prestación de servicios. Asimismo, se limitan y ordenan sueldos, así como el personal eventual.

El mayor ahorro deriva de la eliminación de competencias impropias (3.735 millones de euros) que dejarían de ejercer las entidades locales, seguido de la gestión integrada de servicios y fusiones (1.970,5 millones de euros) que favorecerá las economías de escala, y la redimensión de sector público empresarial (1.397,6 millones de euros) estableciéndose medidas para la mejora de la eficiencia y garantizar su estabilidad presupuestaria.

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