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Informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC)

El Sepblac tramitó 4.990 operaciones sospechosas en 2016, un 4,9% más que el año anterior

23 de Enero de 2018
La Moncloa

El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) tramitó 4.990 comunicaciones de operaciones sospechosas en 2016, lo que supone un incremento del 4,89% respecto a un año antes. En los últimos cinco años, estas actuaciones han experimentado un aumento del 63% gracias a la mayor vigilancia tanto de las entidades financieras como de otros sectores de sujetos obligados.

Las estadísticas publicadas ponen de relieve la creciente conciencia de los diferentes sectores en la necesidad de prevenir estos delitos.

Las comunicaciones por indicio remitidas por parte de las entidades financieras suponen el 78,6% del total en 2016. En el caso de los bancos, los asuntos remitidos al Sepblac ascienden a 2.646.

La configuración del sistema financiero español se ha visto directamente afectada por el proceso de reestructuración bancaria, lo que ha tenido su reflejo directo en las cifras sobre comunicaciones remitidas al Sepblac. De ahí que las cajas de ahorros solo hayan enviado cinco comunicaciones por indicio en 2016, lo que viene motivado por la práctica desaparición de esta clase de entidades.

Las entidades no financieras reportaron el 18,5% del total de las comunicaciones en 2016. Durante los últimos años, se ha producido un incremento paulatino por parte de estas entidades profesionales de carácter no financiero, que en 2016 han aumentado un 41% frente al ejercicio precedente, hasta alcanzar las 922 comunicaciones. En especial, los notarios y registradores siguen desempeñando un importante papel en el sistema español de prevención de blanqueo de capitales.

No solamente las comunicaciones y alertas de operaciones proceden de entidades privadas, sino que el número de alertas generadas por los organismos públicos sigue creciendo de forma significativa en los últimos dos años. En 2016, alcanzaron las 94, lo que supone un incremento del 88% frente al año previo y mucho más elevado que las 12 comunicaciones de 2012.

En cuanto a los informes de inteligencia distribuidos por el Sepblac a otras autoridades y organismos, destaca el alza en el envío de información a la Policía Nacional (2.663 comunicaciones, un 12% más), a la Guardia Civil (1.376 comunicaciones, un 4,5% más) y a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (1.084 comunicaciones, en línea con 2015).

Por lo que se refiere al ámbito de investigación por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, el número de investigaciones iniciadas por blanqueo de capitales varía muy ligeramente entre 2012 y 2014, con un incremento total en este periodo de cuatro años de un 10%. En 2015 y 2016 este número se ha incrementado un 10% respecto a 2014 y casi un 25% respecto de 2012, según la información facilitada por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).

La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias ha publicado estas estadísticas, referidas a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, por cuarto año consecutivo. Los datos son aportados por diferentes agencias y organismos, entre los que se encuentra el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac).

La Comisión de Prevención, presidida por la Secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, y participada por diferentes agencias, instituciones y departamentos como el Banco de España, el Ministerio del Interior, la AEAT, la AEPD o el Consejo General del Poder Judicial, es el máximo órgano de coordinación de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, de la que depende el Sepblac.

El Sepblac es la Unidad de Inteligencia Financiera española y la Autoridad Supervisora en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Se trata de un organismo inter-agencia, en el que se encuentran destinados empleados del Ministerio de Economía, Banco de España, Agencia Tributaria, Policía y Guardia Civil.

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