Reunidos el lunes durante toda la jornada, el Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo continúa hoy desde las 10 de la mañana. La materia ha recibido más de 50.000 objeciones y el asunto se ha convertido en una gran batalla política. El Ministerio de Educación ha asegurado que acatará lo que decida el Alto Tribunal, mientras que los objetores se muestran dispuestos a recurrir al Tribunal Constitucional y posteriormente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El Tribunal Supremo fallará previsiblemente el miércoles acerca de los recursos de casación que fueron presentados contra tres sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que rechazan la objeción de conciencia de los padres de alumnos contra que sus hijos reciban en el colegio la asignatura de Educación para la ciudadanía. A la vez, decidirá sobre los recursos interpuestos por la Fiscalía, el Gobierno andaluz y la Abogacía del Estado en contra de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía donde se reconoce el derecho en cuestión a unos padres onubenses. El tan esperado pronunciamiento del Alto Tribunal sentará jurisprudencia en esta tan polémica cuestión.
Tras casi dos años y medio desde que entrase en vigor la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y, con ella, la asignatura Educación para la Ciudadanía; a través del Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria; el Alto Tribunal esclarecerá si los padres de los alumnos pueden oponerse o no a que sus hijos reciban las enseñanzas de una asignatura calificada por determinados sectores como adoctrinante de una moral específica impuesta por el Estado.
Según dice el propio texto de la normativa, "la Educación para la ciudadanía, que se incorpora con entidad propia en el currículo de esta etapa, sitúa la preocupación por promover una ciudadanía democrática como parte del conjunto de los objetivos y actividades educativas, en la misma línea en que lo hacen distintos organismos internacionales. La Unión Europea incluye como objetivo de los sistemas educativos velar por que se promueva realmente, entre la comunidad escolar, el aprendizaje de los valores democráticos y de la participación democrática con el fin de preparar a las personas para la ciudadanía activa, en sintonía con la Recomendación (2002)12 del Consejo de Ministros del Consejo de Europa. Por otra parte, la Constitución española en su artículo 1.1 se refiere a los valores en que se debe sustentar la convivencia social que son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político y, en el artículo 14, establece la igualdad de todos ante la ley y rechaza cualquier discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".
Por el contrario, los padres alegan, entre otros, el art. 16.1 de la Constitución; que garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades; con el límite del orden público. Además, el 27.3, el cual ordena que los poderes públicos garanticen el derecho de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral de acuerdo con sus propias convicciones; y el art. 26.3. de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que exige respeto de los Estados a los derechos y deberes de los padres, en concreto al de guiar al niño en el ejercicio de su derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión (Artículos 5 y 14.2 de la Convención de Naciones Unidas de Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989).
