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28/03/2024. 15:19:39

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ANTES DE REMITIDO AL CONSEJO DE ESTADO Y POSTERIORMENTE AL CONSEJO DE MINISTROS PARA INICIAR SU TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA

El texto de la reforma Local que será enviado a las Cortes empieza a disminuir recortes de competencia a los Ayuntamientos

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Desaparece del texto la posibilidad de intervención de municipios de menos de 5.000 habitantes por parte del Estado. Uno de los aspectos que aún no se ha cerrado es el relativo a la supresión de las licencias municipales de actividad. Cuando los municipios hayan de ceder a las Diputaciones la prestación de servicios por no poder ajustarse ellos mismos a su gestión a coste estándar un Consejo de Alcaldes que se creará en la Ley monitorizará los servicios.

Ayer se presentaron a la Comisión Nacional de Administración Local los anteproyectos de ley de Unidad de Mercado y de Reforma de Racionalización y la Sostenibilidad de la Administración Local. A la Federación Española de Municipios y Provincias se le ha presentado por parte del Gobierno un nuevo redactado del Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en el que se han incluido parte de las alegaciones remitidas por la FEMP al redactado original y que, a juicio del Presidente de la FEMP, representa “un avance sustancial sobre la anterior propuesta del Gobierno” ya que incorpora modificaciones en materia de competencias impropias y de eliminación de duplicidades.

Cristóbal Montoro

Uno de los principales ámbitos de acuerdo en la Comisión Nacional de Administración Local presidida ayer por Cristóbal Montoro ha sido el competencial. Según ha detallado en su intervención ante los medios, en materia de servicios sociales, la Federación Española de Municipios y Provincias ya había conseguido que una parte de estos servicios fueran a parar a las Comunidades Autónomas.

Sin embargo, existía una preocupación social por la desaparición de los servicios en el caso de que las Autonomías no asumiesen su desempeño. Esta cuestión ha quedado resuelta ya que el nuevo texto incluirá una clausula en virtud de la cual, si al cabo de un año la Comunidad Autónoma no presta el servicio, será el municipio quien lo asuma a coste estándar, con la garantía del Estado de que el dinero por su asunción va a fluir desde la Comunidad Autónoma al Ayuntamiento.

En materia de educación, el Ministerio ha emplazado el cumplimiento de las demandas de la FEMP a la negociación del futuro sistema de financiación autonómica (previsto para 2014). Hasta ese momento los municipios se encargarán de cubrir los servicios como hasta ahora y después pasarán a ser prestados definitivamente por las CCAA.

Por lo que respecta a la forma de gestionar las competencias entre la Comunidad Autónoma y los Ayuntamientos, si se presta un servicio delegado de las CCAA los Ayuntamientos recibirán el 100% de la financiación, asegurada por el Estado y durante al menos cinco años, lo que se ve desde los Ayuntamientos como "una garantía de estabilidad en la prestación de servicios públicos".

Otro de los cambios al texto original es que los municipios de menos de 20.000 habitantes puedan también prestar servicios delegados por las CCAA. ¿Quiere saber más del texto original que se debatió ayer en la Comisión Nacional de Administración Local? 

Eficiencia en la prestación de servicios

Los municipios comparten el objetivo de ser más eficientes. Sin embargo, a la hora fijar un coste estándar -el valor que determina la eficacia económica de un servicio- la FEMP pedía que éste se fijase de acuerdo con ellos: "para nosotros es fundamental, y no figura en la ley, que este coste estándar sea fijado por acuerdo con los municipios, es decir, en la FEMP dentro de la CNAL", dijo el Presidente. El Ministerio ha asegurado que así va a figurar en el contenido de la ley. En cuanto al periodo de adaptación al citado coste, la FEMP ha pedido que sea lo suficientemente amplio para permitir a los municipios ajustarse al mismo.

Uno de los puntos más relevantes ha correspondido a la prestación de servicios por parte de las Diputaciones. Cuando los municipios hayan de ceder a las Diputaciones la prestación de servicios por no poder ajustarse ellos mismos a su gestión a coste estándar, debería ser posible que éstos pudiesen hacer un seguimiento de la citada prestación. La solución es el Consejo de Alcaldes, un órgano en el que los ediles tengan oportunidad de conocer cómo han de prestarse todos esos servicios y que, según anunció el Ministerio, se creará en el marco de la nueva normativa.

Intervención de los Ayuntamientos

En este punto, uno de los más polémicos, la Ley preveía que en determinadas circunstancias el Gobierno intervendría los municipios de menos de 5.000 habitantes "y esto generaba una verdadera alarma entre los pequeños municipios". A este respecto el Gobierno ha señalado que este artículo desparece del texto y que las obligaciones a cumplir por estos Consistorios serán las contenidas en la ley de estabilidad presupuestaria, sin necesidad de criterios más exigentes.

Sobre el papel de los interventores, éstos tendrán que dedicarse sólo a controlar y fiscalizar el gasto y la gestión económico-financiera y presupuestaria.

Retribuciones

El nuevo texto contemplará la posibilidad de que, a través de una dedicación parcial o cualquier otra figura, los Alcaldes de municipios con menos de 1.000 habitantes puedan recibir una retribución.

Sobre directores y coordinadores generales de los Ayuntamientos, el texto anterior preveía que debían ser funcionarios. La FEMP pedía en sus alegaciones que no fuese así, y este punto también se ha aceptado y será modificado.

Finalmente, el Gobierno ha trasladado que no habrá recortes en los salarios de los empleados públicos locales y que, en todo caso, no recibirán tratamiento diferente al resto de los empleados de otras Administraciones.

Asimismo, se ha comunicado la incorporación a la norma de las singularidades específicas del régimen foral de País Vasco y Navarra, Ceuta y Melilla, Madrid y Barcelona.

Desacuerdo

En cuanto a los puntos sobre los que todavía no se ha alcanzado acuerdo, uno de ellos es análisis sobre la eficiencia de los servicios públicos en los municipios: La FEMP pedía que el análisis se limitase a Ayuntamientos que no cumpliesen con la ley de estabilidad presupuestaria. Sin embargo, el Secretario de Estado de Administraciones Públicas ha manifestado que el análisis se haría sobre todos los municipios.

Otro de los aspectos que aun no se ha cerrado es el relativo a la supresión de las licencias municipales de actividad. La FEMP insiste en mantener su exigibilidad, porque hay cuestiones que la hacen necesaria en ciertos casos, y no basta con una declaración responsable. El Ministerio defiende su supresión en aras de favorecer la reactivación económica y la creación de puestos de trabajo.

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