La sentencia colisiona con un informe de Amnistía Internacional, en el cual se denuncian 1.200 ejecuciones en el mundo.
El día de ayer miércoles 16 de abril una polémica decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha sembrado nuevamente la polémica en el seno de la opinión pública mundial. Por siete votos contra dos, los magistrados de Washington han rechazado la argumentación de dos sujetos condenados a muerte por la justicia de Kentucky. En el caso Baze v. Reese, los altos jueces se enfrentaron a una amarga cuestión: ¿La aplicación de la inyección legal es compatible o no con la Octava Enmienda de la Constitución, la cual proscribe a las autoridades estadounidenses la aplicación de un "castigo cruel e inusual"? El ponente de la mayoría, John Roberts, señaló que este tipo de ejecución no conlleva el grado de ensañamiento necesario para considerarlo violatorio de dicha cláusula de la Carta Magna
Los dos condenados alegaban la inconstitucionalidad de los métodos empleados por el sistema judicial estatal, consistente en la administración de fármacos distintos. De acuerdo al protocolo vigente, primero se inyecta Valium, que sirve para relajar al convicto. Luego se administra Pantenol Sódico, droga que deja inconsciente al individuo. Después, se suministran dosis de Pavulon, compuesto que detiene la respiración. Finalmente, se estimula un colapso cardiaco mediante la aplicación de potasio clorhídrico. La polémica se deriva de algunos estudios médicos que señalan que las dos primeras sustancias empleadas sólo logran que el sujeto pierda la capacidad de comunicarse y manifestar dolor. Según dichos informes, las personas que reciben este cóctel siguen plenamente conscientes del inmenso sufrimiento causado por los fármacos, aunque son incapaces de expresarlo. Más aún, un estudio de la Universidad de Miami, realizado en 2005, demostró que la forma en que la receta letal es administrada en la mayoría de estados no considera las condiciones médicas específicas de cada condenado, elevando las posibilidades de una dolorosa agonía.
Desde la disidencia, el juez John Paul Stevens, se pronunció de forma tajante en contra de la pena de muerte. Es la segunda vez en diez años que un magistrado del Supremo se pronuncia categóricamente en contra del derecho a matar en la justicia norteamericana. Voces críticas señalan que la pena de muerte se ha comprobado ineficaz estadísticamente como medio para reducir la criminalidad en Estados Unidos. Los que apoyan dicho castigo, generalmente provenientes del espectro conservador, apuntan que son los propios estados los que deben decidir si suprimen o no esta sanción de sus legislaciones. Por otra parte, esta sentencia coincide con un informe de Amnistía Internacional, en el cual se denuncian 1.200 ejecuciones realizadas en el mundo durante el 2007. El debate no ha hecho más que empezar con la sentencia de los nueve de Washington.
