El Consejo de Ministros con el que se concluyó el mes de abril dio luz verde al envío al Consejo de Ministros de la Unión Europea y a la Comisión Europea del Programa Nacional de Reformas de España 2015, al respecto del cual Soraya Sáenz de Santamaría aseguró que la práctica totalidad de las medidas comprometidas están en marcha.
En el documento destacan las referencias a las actuaciones en la Administración de Justicia durante 2014, que refiere el propio documento que se enviará a las instituciones europeas, ya que las reformas judiciales han sido monitorizadas desde Bruselas. Por lo que respecta al programa legislativo adicional del Gobierno, el Programa Nacional de Reformas para 2015 contiene como prioridades concluir las modificaciones iniciadas y adoptar aquéllas que fortalezcan la recuperación económica, consolidarla y traducirla en creación de empleo.
El documento de reformas para 2015 que se ha preparado para el envío a la Comisión Europea destaca las medidas de rediseño de la Administración de Justicia, implementadas esencialmente desde el aumento de plantilla. Por un lado, se reforzaron los medios personales al servicio de la Administración de Justicia, con 282 nuevas plazas judiciales y 3 nuevos juzgados de lo penal y 66 nuevas plazas de fiscales (Seguimiento de la implementación de las Recomendaciones del Consejo 8.4.32, a partir de ahora CSR).
Por otro lado, se redujo la carga de los tribunales a través de la desjudicialización de asuntos, impulsando la figura de la mediación con los desarrollos reglamentarios de la Ley de Mediación y la puesta en marcha del Registro de Mediadores (CSR 8.4.38), con diversos proyectos normativos que habilitan a otros operadores jurídicos para la tramitación de asuntos que hasta ahora estaban dentro de la órbita judicial (CSR 8.4.33).
Los objetivos y medidas que recoge el Plan Nacional de Reformas 2015, aprobado por el Ejecutivo en su reunión del día 30 de abril, corresponden a la última fase de la agenda reformista que el Gobierno planteó para los cuatro años de la legislatura. En el documento que refiere Programa Nacional de Reformas de España 2015, se subraya el trabajo desarrollado durante el año pasado hacia la adopción e implantación de reformas para hacer más eficiente el sistema judicial, aliviando la carga de los tribunales y favoreciendo su agilidad.
Los tres ejes la agenda de reformas para lo que queda de año coinciden con las prioridades que propone el Informe Anual de Crecimiento 2015, punto de partida para los Programas Nacionales de Reformas: impulso de novedades legislativas a nivel de la Unión Europea, modificaciones a nivel nacional y una política fiscal responsable.
El Plan Nacional de Reformas 2015 se plantea, por tanto, como el último de una estrategia a cuatro años. El documento tiene dos prioridades que se refuerzan mutuamente: concluir las reformas iniciadas y favorecer la recuperación económica y el empleo.
Además, como novedad, el Plan recoge, en línea con el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2015, un apartado relativo a la necesidad de impulsar reformas a nivel de la Unión Europea, con las prioridades e iniciativas de España en ese ámbito.
El Plan Nacional de Reformas 2015 da cuenta, en primer lugar, del elevado de ejecución de los compromisos de asumidos por España en el marco del semestre europeo, en particular, de las recomendaciones específicas formuladas por el Consejo a España en 2014. Este epígrafe muestra la intensa actividad reformista de los últimos doce meses que había sido esbozada en el Plan Nacional de Reformas 2014, el cual ha sido ejecutado prácticamente en su totalidad.
El Plan refleja la intención del Gobierno de completar la agenda de reformas diseñada con un horizonte de cuatro años. Algunas de las áreas más relevantes son la mejora en el funcionamiento del mercado de trabajo y lucha contra el desempleo, el aumento de la protección e inclusión social, el fomento del crecimiento y la competitividad, la mejora de las condiciones para la inversión empresarial y su financiación, el aumento de la eficiencia de la Administración Pública, así como igualmente el incremento de la responsabilidad fiscal.
El Gobierno destaca la reforma del sistema judicial de 2014
Se trabajó en 2014, además, en una reforma estructural del mapa judicial (CSR 8.4.34), también en el ámbito penal (Seguimiento de la implementación de las Recomendaciones del Consejo 8.4.36) que contribuye a una mayor eficiencia mediante la especialización y a una mayor seguridad jurídica. Y se ha continuado avanzando en la implantación de la nueva Oficina Judicial y Fiscal (CSR 8.4.37) y en la incorporación de las nuevas tecnologías al sistema judicial (CSR 8.4.35, y 8.4.39 a 8.4.45). Todo ello, garantizando el acceso a la justicia (CSR 8.4.31) con el Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.
Una gran parte de estas medidas se encuentran en tramitación parlamentaria o ya en funcionamiento (como la mediación y la implantación de oficinas judiciales y nuevas tecnologías). El Gobierno prevé que en 2015 se aprueben diversas leyes para un reparto más eficiente de la carga de trabajo y una reducción de la carga de los tribunales, desjudicializando más asuntos.
Eficiencia de la administración pública
Sobre la premisa de unas Administraciones Públicas modernas, transparentes y ágiles se creó, en 2012, la Comisión para la Reforma de la Administración (CORA), que ha llevado a cabo el más importante ejercicio de revisión que se ha hecho del sector público español en las últimas décadas, tal y como refiere el Plan Nacional de Reformas 2015 aprobado el jueves 30 de abril. La exhaustividad, relevancia y liderazgo del ejercicio realizado por CORA han sido reconocidos por la OCDE.
De las 222 medidas identificadas en el informe CORA, están finalizadas 144 y en proceso de ejecución todas las demás. En 2015, se continuará con la ejecución de las medidas y se computarán los ahorros obtenidos. Se estima que a finales de abril de 2015 las medidas finalizadas ascenderán aproximadamente a un 68% del total y se alcanzarán unos ahorros acumulados desde 2012 de 20.352 millones de euros.
Destacan
- La aprobación de la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y la de Procedimiento Administrativo Común. Estas leyes mejoran el proceso de elaboración normativa y favorecen la racionalización organizativa, debiendo estar justificada la creación y el mantenimiento de nuevos organismos o entidades públicas.
- La mayor transparencia y racionalidad administrativa que se espera de la Ley de contratos del Sector Público, que dotará de mayor transparencia y racionalidad a esta faceta de la actividad pública y mejorará la eficiencia en la contratación.
- El avance en la reducción de cargas y en la racionalización administrativa, con especial hincapié en los trámites que afectan a la actividad productiva y especialmente orientadas a fomentar la administración electrónica. En concreto, se está trabajando en un Plan de
- Se racionalizarán infraestructuras y servicios tecnológicos de la AGE, con la puesta en marcha de Puntos de atención al emprendedor, un Punto de acceso general a la administración, la agilización de la constitución telemática de sociedades, entre otras.
