España se inunda con un mar de recortes de gasto y subidas de impuestos

En su comparecencia de ayer en el Congreso de los Diputados, Rajoy ha anunciado las medidas que de manera inmediata se van a adoptar para asegurar el cumplimiento del ajuste presupuestario y la senda comprometida tras el último Consejo Europeo. Estas decisiones se concretan en la revisión integral de la función pública, con medidas que afectan a la propia estructura de las administraciones; la adopción de iniciativas presupuestarias que afectan a ministerios, partidos y sindicatos y al modelo de prestaciones sociales; elevación de los impuestos indirecta y aceleración del calendario de reformas estructurales.

Legal Today

Rajoy, ayer en el Congreso.

¿Cuándo empezarán a aminorar los apretujones que se le están aplicando a la pobre economía española?, ¿qué España es mentira, la opulenta de hace unos años o ésta? Quizá las dos, y seamos en realidad un país medianillo que no se puede permitir grandes cosas porque enseguida se pasa y hay que recapitular.

Ayer Rajoy expuso una nueva tanda de medidas anti crisis que afectan a puntos concretos de la economía, pero en realidad abarcan todo. El gran temor es la contracción del consumo, ya muy reducido, que siga ahogando todo.

Resumen de las medidas

Administración local

• Actualizar las competencias municipales, delimitando con claridad el ámbito competencial local, diferenciándolo del autonómico y estatal.
• Garantizar la estabilidad presupuestaria de las Entidades Locales, y mejorar la transparencia y eficacia en su gestión.
• Reforzar el papel de las Diputaciones Provinciales, con el fin de centralizar la prestación de servicios, frente a las Mancomunidades, cuya supresión conllevaría un ahorro superior a los 700 millones de euros.
• Reducir en un tercio el número de cargos electos locales. En los municipios más grandes habrá un máximo de 35 concejales.

Empleados y cargos públicos

• Se reducirá el número de días de libre disposición.
• Se ajustará el número de "liberados sindicales", a lo dispuesto estrictamente en la Ley.
• Se equipararán las condiciones en situación de incapacidad temporal a las del
• resto de trabajadores.
• Se suspenderá el abono de la segunda paga extraordinaria de este año 2012, a los empleados públicos y altos cargos de la administración central, autonómica y local. Solo en el caso de los empleados públicos, esta suspensión será compensada, a partir de 2015, con la correspondiente aportación en forma de fondo de pensiones.

Ajuste y racionalización del gasto público

• Nuevo ajuste en las partidas de gasto de los departamentos ministeriales de 600 millones de euros en 2012, mediante la reducción de créditos presupuestarios destinados a subvenciones, a los gastos corrientes y a transferencias.
• Nuevo recorte del 20%, en los Presupuestos para el año 2013, en la subvención destinada a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales.

Inicio de un cambio en la estructura tributaria

• Incremento de la imposición indirecta y reducción de la brecha fiscal para favorecer la creación de empleo:
  • Reducción de la imposición sobre el empleo, rebajando las cotizaciones sociales (un punto en 2013 y otro punto en 2014).
  • Aumento del IVA (tipo general del 18 al 21% y tipo reducido del 8 al 10%). 
  • Reformas en el Impuesto de Sociedades, en particular en el sistema de pagos fraccionados. En marzo, los Inspectores de Hacienda decían que "Dentro del Sistema Fiscal, el tributo que más necesita una reforma en profundidad es, sin duda, el Impuesto de Sociedades que lleva una caída acumulada de más del 60%, inexplicable sólo por la caída de beneficios empresariales".
  • Reformas en el Impuesto sobre la Renta, eliminando la deducción por vivienda para nuevos   compradores a partir de 2013, en línea con las Recomendaciones de la Unión Europea.

¿Cómo afecta a la Justicia y a los Abogados?

El abogado sufre las sacudidas de un modo muy particular, porque no suele ser el negocio el que se resiente -incluso mejora-, sino que es la morosidad y la falta de crédito lo que asfixia su "capacidad de juego".

Conforme a cifras del libro "Impacto de la abogacía en la economía", en España hay 90.000 despachos de abogados, lo que supone un elevado número en términos tanto absolutos como relativos, teniendo en cuenta que la consecuencia de dicho número es que el 89% de los despachos cuentan con 1, 2 o 3 socios.  ¿Un microdespacho aguanta mejor o peor las subidas de impuestos y una Administración de Justicia pobre?

A pesar de que no existen datos actualizados sobre la facturación del sector podríamos fijar la misma en torno a los 9.000 millones de euros, según "Impacto de la abogacía en la economía".

Esta cantidad toma en consideración las cifras de 5.695 millones de euros de facturación de la Encuesta Anual de Servicios de 2005 y que el crecimiento de la actividad se cifró en el 15% (2006), 16,17% (2007), 11% (2008) y que en el resto de los años (2009, 2010, 2011), podríamos considerar que la actividad se encuentra estancada, podemos llegar a dicha cuantificación.

Esto deja la facturación media por despacho en unos 70.000 euros, manifestación de la mencionada atomización, que se pone en evidencia también si se toman en consideración la retribución de los socios, el 60% de los cuales tienen unos ingresos medios de menos de 60.000 Euros.

En los últimos años se ha apreciado cierto estancamiento de la actividad, si bien podríamos decir que la crisis económica ha afectado en menor medida a la Abogacía que a otros sectores, aunque el problema no ha sido tanto la facturación -la demanda de algunos servicios relacionados con la tutela del crédito o la situaciones de impago e insolvencia se han disparado-, sino el pago de los servicios.

No existe despacho que actualmente no tenga una carga importante de impagados, hasta el punto de que se reconoce que, en general, se trata de un problema nuclear, no sólo en la gestión del despacho, sino de la viabilidad del negocio. Además, el despacho tiene sus gastos.

El cliente es más peleón, pide más resultados y paga peor. Es un cliente más nervioso.

Ahí hay que pensar en la sempiterna subida del IVA, que se prevé que la asuma el propio abogado: Rajoy ayer habló de aumento de tres puntos en el IVA  del 18 al 21%, reformas en el Impuesto de Sociedades, en particular en el sistema de pagos fraccionados y en el Impuesto sobre la Renta, eliminando la deducción por vivienda para nuevos compradores a partir de 2013.

A riesgo de simplificar, sabemos bien que el abogado paga, dependiendo de cómo trabaja (a solas, como empleado, en sociedad, etc):

• Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (ganancias y pérdidas patrimoniales, rendimientos del trabajo, rendimientos del capital mobiliario e inmobiliario, rendimientos de las actividades económicas, e imputaciones de renta que se establezcan por ley)
• Impuesto sobre el Valor Añadido.
• Impuesto de Sociedades.

El abogado paga haya cobrado o no del cliente, hace los pagos trimestrales del IVA con facturas muy difíciles, paga el impuesto de sociedades en uniones a veces muy desiguales.

Por otro lado, la dotación para la política de Justicia en los presupuestos para 2012, aprobados el 28 de junio, es de 1.612,63 millones de euros, lo que supone una disminución del 5,9 por ciento respecto al ejercicio anterior. 

El mayor número de recursos se destina a gastos de personal, cuya dotación asciende en 2012 a 1.302,17 millones de euros.  El programa de inversiones cuenta con una dotación en 2012 de 90,31 millones de euros. De ellos, se destinan 53,57 millones de euros a modernización tecnológica.

Por otro lado, ya hemos hablado en Legal Today del aumento de tasas judiciales.

Teniendo en cuenta que:

• La crisis económica ha sobredimensionado los casos en los juzgados mercantiles.
• La modernización de la Justicia, que en mucha parte supuso la instalación masiva de ordenadores en los juzgados, genera repetidas incidencias.
• Las plazas de jueces se han congelado.
• Litigar ya cuesta mucho al Estado. Una estimación del CGPJ acerca de costes concluye que uno de los procesos menores (monitorio) cuesta aproximadamente 1200 euros, y el precio medio de cada sentencia de todos los juicios es de 2192 euros.

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