El día 21 de este mes habrá un paro generalizado en la Administración de Justicia, ya que los jueces se han unido a los secretarios judiciales. Ante la controversia de si los jueces tienen o no derecho a la huelga, se han convocado Juntas Generales de Jueces en toda España que, de facto, paralizarán la actividad judicial. El Ministro de Justicia niega tales intromisiones, pide reflexión y anuncia para el primer trimestre de 2009 un ensayo del registro de medidas cautelares precisamente en el juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla. Los jueces decanos de toda España, que se reunieron en Cádiz para poner en común asuntos de actualidad de la Administración de Justicia, emitieron ayer comunicado en el que se pronunciaron en contra de las injerencias de los políticos en la potestad disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial. Por otro lado, el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales y la Unión Progresista de Secretarios Judiciales han pedido la dimisión del ministro y anunciado un paro de tres horas para el día 21 de este mes por una sanción a Juana Gálvez que consideran desproporcionada.
Según informamos en Legal Today, a raíz de las irregularidades en la Administración de Justicia que facilitaron que Santiago del Valle, presunto asesino de la niña Mariluz, estuviese en libertad cuando debería estar encarcelado, se han producido sendas sanciones disciplinarias tanto al juez titular de la sede que no ejecutó una sentencia previa contra el pederasta, como a la secretaria judicial.
Las dos sanciones han tenido gran repercusión mediática. La del juez, por ser considerada insuficiente, ha sido recurrida en alzada por la propia Fiscalía General del Estado, entre voces que pedían incluso el archivo del expediente; y la de la secretaria judicial ha provocado una especie de insurrección en el colectivo.
Los jueces decanos de España han mostrado su rotundo rechazo en un comunicado aprobado por unanimidad a las "constantes injerencias" de los políticos en las facultadas disciplinarias que competen en exclusiva al Consejo General del Poder Judicial. Según afirman, se están produciendo "intolerables las indicaciones" desde el estamento político acerca de la sanción concreta que debería imponerse "según su particular criterio". En opinión de los jueces, "las críticas vertidas pretenden, básicamente, ocultar responsabilidades del poder político en la secular carencia de medios personales y materiales para afrontar la abrumadora carga de trabajo que soportan los juzgados".
Respecto a los secretarios judiciales, en una rueda de prensa conjunta del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales y la Asociación Progresista de Secretarios Judiciales, tras achacar los errores del caso Mari Luz al estancamiento de la administración de Justicia, han hecho responsable al ministro por la falta de medios materiales -se ha hablado de que no hay folios en las oficinas de los juzgados- y por no llevar a efecto la reforma de la oficina judicial, aprobada hace cinco años; haciendo de Juana Gálvez un "chivo expiatorio para contentar a la opinión pública".
Además, ha anunciado el boicot de la plaza de Gálvez, de tal forma que van a intentar que, de llevar a cabo la expulsión, nadie solicite el destino del Juzgado de lo Penal 1 de Sevilla en los concursos de traslados. Además, la han ofrecido apoyo económico y material en su recurso contra el Ministerio.
