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Extremadura aprueba hoy el primer texto en España que limita la creación y duración de los altos cargos

5 de Noviembre de 2013
  • El Parlamento extremeño será el primero en España que limite los mandatos de la presidencia a ocho años.

El presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, anunció ayer que el Consejo de Gobierno aprobará hoy el Anteproyecto de Ley del Estatuto de Cargos Públicos de Extremadura, con el que “nos convertimos en los primeros en establecer una regulación sin precedentes en el control de la acción del gobierno, devolviendo el poder a los ciudadanos”. Fuentes jurídicas dudas de su real encaje constitucional.

Legal Today


En el Anteproyecto de Ley que se prevé aprobar hoy se regula la limitación del mandato del presidente del Gobierno de Extremadura a un máximo de ocho años, "porque ni un presidente ni un alto cargo puede serlo para toda la vida. Ni tampoco ningún presidente ni ningún un alto cargo pueden tener la libertad de hacer lo que quieran", ha dicho el presidente de Extremadura, quien ha añadido que ocho años "es tiempo más que suficiente para llevar a cabo la acción política y los proyectos propios de un gobierno serio, y sobre todo para hacerlo con la energía y la ilusión que requiere la responsabilidad de representar a todos los extremeños, haciendo oír nuestra voz sin descanso donde y ante quien sea necesario".

El texto de la futura Ley prohibirá la creación de más cargos públicos y la firma de contratos de alta dirección fuera de la normativa. Además, aumentará las incompatibilidades para quienes están ejerciendo un cargo público pero también tras su cese, estableciendo las consecuencias para quien no lo cumpla. Todos los altos cargos estarán además a partir de ahora obligados a publicar sus declaraciones en el Portal de la Transparencia y Colaboración Ciudadana.

Por otro lado, se contemplarán las consecuencias de no cumplir con la normativa que rige a los altos cargos, y la misma regulación de responsabilidades se va a ampliar al personal eventual que participe en la toma de decisiones.

La norma confirma, según ha explicado el Ejecutivo extremeño, la superior y fundamental defensa del interés general, quedando cualquier derecho, expectativa o intención de un cargo público en Extremadura sin privilegio alguno; fortaleciendo la democracia y la participación política a través de la limitación de mandatos; garantizando la transparencia en la gestión pública; exigiendo un especial comportamiento ético y profesional, y solicitando responsabilidades concretas en caso de incumplimiento.

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