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Fondos Soberanos de Inversión: ¿invasiones bárbaras en el siglo XXI?

22 de Abril de 2008

Hoy todos hablan de crisis económica, de un modelo de regulación demasiado tímido e ineficaz, de la necesidad de intervención estatal, de reformas urgentes y demás. Hasta allí, nada que no se haya visto durante los apocalipsis económicos del pasado. Sin embargo, esta vez hay una verdadera novedad. Se trata de los Fondos Soberanos de Inversión o FSI, los chicos nuevos del barrio financiero internacional.

  • Se trata de un asunto complejo que debe ser abordado desde diversas perspectivas
  • Su sola presencia es la constatación de una drástica redistribución del peso financiero a nivel global
  • Las nubes de la desconfianza política se ciernen sobre estos acaudalados inversores
Aparicio Caicedo,
colaborador de Legal Today

Existe una importante novedad en el vecindario financiero internacional: los Fondos Soberanos de Inversión. La súbita llegada de estos "nuevos ricos" levanta asperezas entre los miembros más rancios del selecto club de las naciones desarrolladas. Como muchos otros actores económicos, los abogados españoles esperan con ansia que estos gigantes capitalistas -potenciales fuentes de impulso empresarial- aterricen con fuerza en Madrid. Sin embargo, se cierne la bruma de la tensión política y los gobiernos del mundo industrializado recelan el ingreso de estas entidades estatales a su territorio. ¿Salvación económica o amenaza geopolítica?

Kuwait Investment Authority

Durante el primer terremoto bancario ocasionado por la crisis de la hipoteca basura, no fue la "Fed", ni el Departamento del Tesoro -ni el FMI- quienes acudieron a apagar las llamas que consumían Wall Street. No. Fueron los fondos soberanos de inversión los que colocaron cantidades astronómicas de liquidez financiera en el sistema, salvando la jornada. Súbitamente, la opinión pública mundial cayó en la cuenta de que estos entes empresariales están en todas partes. Y han venido para quedarse.

España, por supuesto, no puede ser la excepción. Tanta es la expectativa desatada por los FSI que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, viajó hasta los Emiratos Árabes Unidos, donde fue recibida por Ahmad bin Zayed Al Nahyan, consejero delegado de Abu Dhabi Investment Authority (ADIA). Se trata, nada menos, que del fondo soberano más opulento del mundo. El ejecutivo musulmán prometió visitar la capital española para descubrir oportunidades de inversión en tierras ibéricas. No sería la primera vez, ya que este consorcio tiene una amplia experiencia en España, con una importante participación en la Compañía Española de Petróleos, S.A. Cepsa. Las dimensiones económicas de ADIA son astronómicas: se le calculan activos por un valor de 835 mil millones de dólares, casi tres cuartas partes del PIB español.

Las firmas de abogados de Madrid y Barcelona, temerosas del estancamiento económico, ansían que estos gigantes capitalistas aterricen con fuerza en territorio español, inyectando energía en un mercado de capitales de capa caída. Es más, la abogacía mundial ha puesto sus esperanzas en estos potenciales golden clients. Tanto las estrellas del Magic Circle británico como los titanes del Big Law americano han desembarcado ya en Medio Oriente buscando posicionarse como la alternativa más atrayente para estos colosos financieros. Clifford Chance, de Londres, y Shearman & Sterling, con sede en Washington, son sólo algunas de las firmas que han invertido en expandir sus operaciones en las tierras del Islam, especialmente en países como Qatar y Arabia Saudita. La razón principal es el potencial inigualable de los FSI que patrocinan esos gobiernos.

Sin embargo, las nubes de la desconfianza política se ciernen sobre estos acaudalados inversores. Y ello podría frustrar el festín de liquidez que muchos esperan. La presencia de estos fondos ha inquietado al mundo entero. Las razones del desconcierto son muchas: por un lado, la mayoría de estos vehículos de inversión provienen de economías emergentes. Por otro, y he aquí lo más importante, algunos de estos capitales son manejados por gobiernos no democráticos, regímenes dictatoriales como China o Arabia Saudita. Adicionalmente, el propio hecho de ser entes sometidos a la voluntad estatal hace temer que sus operaciones no obedezcan a una "lógica de mercado" sino a estrategias geopolíticas. Ahora bien, ¿qué pasa?, ¿acaso su dinero no vale lo mismo?

¿Qué son los fondos soberanos de inversión?

Siguiendo a la Comisión Europea, los fondos soberanos de inversión (FSI) son "vehículos de inversión de propiedad estatal que controlan una cartera de activos financieros nacionales e internacionales". Edwin M. Truman, del Peterson Institute for International Economics, apunta que la mayoría de los FSI existentes en el mundo provienen de la venta de la explotación de recursos naturales. Más aún, son los fondos originados en materias primas los que levantan suspicacia política, ya que, como señalan diversos estudios, mantienen los más bajos niveles de transparencia en su manejo corporativo.

Los FSI no son nuevos en el universo económico. Desde los años cincuenta, algunos países ricos en recursos naturales, particularmente los productores de petróleo, han buscado la manera de rentabilizar mejor sus crecientes reservas en divisas extranjeras. Por lo general, estas fórmulas corporativas sirven como "cuentas de ahorro" para prevenir posibles periodos de inestabilidad económica: desplome súbito de los precios, shocks financieros, agotamiento de la capacidad productiva, entre otros potenciales escenarios. Si bien es una práctica antigua, la verdadera proliferación de esta figura empresarial empieza hace unos treinta años, a partir de la fluctuación del precio del crudo sufrida a finales de los setenta. Dicho fenómeno enseñó a los países ricos en recursos naturales la imperiosa necesidad de prevenir para afrontar los tiempos difíciles.

Truman ha ubicado 51 fondos soberanos activos en 32 países. Diez de ellos son vehículos de inversión especializados en el manejo de pensiones salariales. El resto de estos fondos se alimenta de ingresos generados por la exportación de recursos naturales y, en menor proporción, de excedentes de reservas en divisas extranjeras. Por ejemplo, ADIA se nutre de los ingresos petrolíferos que reporta el pequeño reinado árabe. Por otra parte, el fondo Government of Singapore Investment vive de los excedentes de divisas que causa el amplio superávit comercial de la ciudad-Estado.

Tabla: Los Fondos Soberanos de Inversión más importantes del Mundo

Fuente: Peterson Institute of International Economics.

¿Nos invaden los bárbaros?

La reciente actividad de estos pools de activos estatales en el mercado financiero viene aparejada de graves tensiones políticas. No es de extrañar. Su sola presencia es la constatación de una drástica redistribución del peso financiero a nivel global. Hasta hace poco, el protagonismo en los mercados de capital lo tenía la esfera de países industrializados, primordialmente Estados Unidos y Europa. Las millonarias adquisiciones de estos "nuevos ricos" levantan asperezas entre los miembros tradicionales del club mundial del capital. Los fondos constituyen cantidades astronómicas de dinero que se propagan por el sistema, recursos controlados por gobiernos, la mayoría de ellos sin credenciales democráticas. Las operaciones más recientes incluyen participaciones en verdaderos champions del mundo financiero.

¿Qué pasa si estos wannabes del capitalismo global no atienden exclusivamente a motivaciones económicas? Esa es la pregunta que se hacen las élites de poder en Occidente. Lo cierto es que, hasta el momento, no han mostrado sus colmillos, pero muchos temen que el creciente poder que están adquiriendo estas compañías en colosos empresariales termine por concentrar las riendas del poder geopolítico en manos de los gobiernos que secundan estos fondos. Por ello, se ha iniciado un extenso ciclo de negociaciones multilaterales, en el que colaboran activamente tanto organismos internacionales como los gobiernos interesados en que se multipliquen en el mundo entero.

El desafío que enfrenta la comunidad internacional radica en obtener la fórmula para asegurar un desembarco "seguro" de estos millones, evitando el empleo de medidas proteccionistas que lo único que lograrían sería desaprovechar valiosos recursos de capital. Los expertos señalan que la mejor salida pasa por establecer un código de buenas prácticas de gobierno corporativo: estándares consensuados que hagan a estos entes empresariales más transparentes y responsables ante sus propios ciudadanos y ante la comunidad internacional. Para ello, es necesario que se adopten urgentemente medidas para traslucir su manejo, creando medios institucionales, a nivel nacional e internacional, que permitan exigir responsabilidad por sus actos. El Fondo Monetario Internacional, la Organización de Cooperación y Desarrollo, la Comisión Europea, las autoridades estadounidenses y de otros Estados, se encuentran en la búsqueda de reglas de juego justas para todos.

Por su parte, la cúpula directiva de los fondos soberanos más importantes ha mostrado su deseo de colaborar con cualquier iniciativa en este sentido. Yousef Al Otaiba, representante del gobierno de Abu Dhabi, señaló recientemente que ADIA "nunca ha utilizado ni utilizará sus inversiones como una herramienta de política exterior". El funcionario árabe manifestó hace poco que aceptan "la aplicación de parámetros más estrictos de revisión", dado que "siempre se han sentido cómodos con los controles impuestos por la legislación estadounidense". Más aún, el gobierno árabe apuntó que ellos no controlan directamente el grueso de sus inversiones, el 80 por ciento de sus activos son administrados por firmas externas. Por otro lado, los responsables de los mayores fondos soberanos del planeta resaltan recurrentemente su calidad de "inversores pasivos". Como apuntó Gao Xiqing, gerente de China Investment Corporation, estos entes corporativos no toman las riendas de las empresas en las que invierten por una razón muy simple: ese no es su negocio.

La Ley, las inversiones extranjeras y la seguridad nacional

Durante los últimos años, se ha afianzado a nivel mundial un proceso de apertura hacia las inversiones extranjeras. No obstante, también se ha detectado un resurgir de lo que podríamos llamar "proteccionismo estratégico". De acuerdo con un estudio realizado por especialistas de la OCDE, la seguridad nacional ha ganado gran protagonismo en la esfera política con el fin de controlar los flujos de capital, especialmente a partir de los atentados del 11-S.

En materia de control de la inversión extranjera por motivos de seguridad nacional, la vanguardia la lleva la legislación estadounidense. Estados Unidos tiene una consideración especial en el mundo de los deals transnacionales: no es sólo la primera fuente de inversión extranjera directa en el planeta, sino también el principal destino de capital foráneo a nivel mundial. Washington aplica un tratamiento especial a aquellas transacciones potencialmente comprometedoras para su seguridad nacional. De acuerdo con la Foreign Investment and National Security Act of 2007, el gobierno federal tiene la potestad de suspender o prohibir los procesos de adquisición de empresas americanas siempre que considere que dichas operaciones constituyen un peligro para la seguridad de la nación. Dicha ley prevé específicamente el caso de "inversiones controladas por gobiernos extranjeros"-supuesto normativo en el que encajan los FSI-. Una agencia interministerial, el Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS), se encarga de llevar a cabo las investigaciones. Este ente administrativo tiene potestad para negociar con las partes interesadas y llegar a soluciones consensuadas. De acuerdo con un extenso informe de la agencia estadounidense Government Accountability Office, otros países como Reino Unido, Francia, Japón, China o Rusia, han establecido normas para controlar el ingreso de capital foráneo amparándose en cuestiones "estratégicas".

Por su parte, la legislación española en materia de inversiones extranjeras, se encuentra sujeta al régimen comunitario, el cual señala que se debe mantener una política aperturista en relación al flujo de capital. No obstante, el propio Tratado de la Unión Europea (artículo 58.1.b) permite a los Estados miembros establecer restricciones al ingreso de capitales por motivos de seguridad nacional. El Tribunal Europeo de Justicia ha sido muy restrictivo en la aplicación de esta cláusula de escape, sosteniendo categóricamente que no debe emplearse salvo en casos de verdadero peligro. Recientemente, el gobierno alemán anunció que presentará un proyecto de ley orientado precisamente a ajustar los controles a los capitales extranjeros. La coalición gobernante señaló que tomará como ejemplo el modelo de supervisión norteamericana, estableciendo un organismo federal encargado de investigar transacciones sospechosas de ser un peligro para la seguridad nacional.

Esta medida seguramente deberá sujetarse al estricto escrutinio de los tecnócratas comunitarios. Los grupos de trabajo de la OCDE se encuentran muy activos en la formulación de sugerencias. Un reciente informe de dicha organización señala que las reformas legales orientadas a controlar la actividad del FSI deben ser proporcionales y equilibradas. Además, se recomienda que se contemplen fórmulas judiciales o administrativas que permitan, a las partes afectadas, la revisión de las decisiones de los órganos locales competentes.

En fin, una vez más, la lógica política entra en colisión con los intereses económicos. Occidente mira con desconfianza el dinero de ciertos países no pertenecientes al círculo democrático. Mientras ello sucede, la sequía financiera sigue causando estragos en el mundo entero. Los abogados, incapaces de permanecer ajenos a las vicisitudes económicas, deben mantenerse vigilantes, esperando a que se hagan realidad sus esperanzas. Los fondos soberanos de inversión esperan impacientes a que Europa y Estados Unidos abran sus puertas. Quizá ellos sean la clave.

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