El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, indicó este jueves que su departamento tendrá «un papel» en el control de la devolución de las cláusulas suelo para analizar posibles implicaciones fiscales.
En concreto, fuentes de Hacienda señalaron a Europa Press que la Agencia Tributaria analizará la deducción por compra de vivienda habitual en el IRPF de la que hayan podido disfrutar los contribuyentes afectados, ya que dicha deducción está relacionada con la cuota hipotecaria que pagaron. De esta forma, si ahora reciben una parte de lo pagado de más por las cláusulas suelo, la deducción que se aplicaron en su día también debería ser menor y, por tanto, deberían devolver el exceso a Hacienda.
Montoro indicó, tras firmar un acuerdo de los ministerios de Hacienda y de Sanidad con Farmaindustria para reducir el gasto sanitario, que "Hacienda tendrá el papel que tiene que hacer cuando se producen este tipo de devoluciones", por lo que aseguró que "estará presente" en el desarrollo de este proceso.
"La devolución de la cláusula es compleja y Hacienda va a estar en esa devolución porque es ineludible e inevitable que esté", añadió el ministro.
El Consejo de Ministros articulará este viernes un procedimiento para la tramitación de la devolución por parte de los bancos de lo cobrado de más a los particulares afectados por las conocidas como 'cláusulas suelo', una vez que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó la pasada semana su retroactividad total.
En concreto, según han precisado a Europa Press fuentes del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, el Gobierno aprobará un Real Decreto-ley que lleve como anexo este Código con el objetivo de establecer un sistema más rápido que el judicial y reducir los costes a los consumidores.
El Código será de adhesión voluntaria para los bancos, pero una que vez que la entidad en cuestión lo suscriba, será de obligatorio cumplimiento y abordará únicamente el tema de las 'cláusulas suelo', de acuerdo con las mismas fuentes.
El Banco de España ha estimado en algo más de 4.000 millones de euros el impacto en los bancos españoles afectados por la sentencia, según indicaron a Europa Press fuentes del organismo liderado por Luis María Linde.
