Cualquier producto o servicio producido al amparo de cualquier normativa autonómica podrá ser ofertado en todo el territorio nacional sin necesidad de trámite adicional.
La Comisión de Economía del Congreso de los Diputados debate hoy el Proyecto de Ley de Unidad de Mercado. Una vez que se apruebe, los productores tendrán que pedir una sola licencia, en una Comunidad Autónoma, y podrán comercializar sus productos en todo el país. Los prestadores de servicios tendrán también que pedir una única licencia de actividad y tendrán que atender, al igual que ocurre en Europa, a los requisitos de destino para ejercer esa actividad. El establecimiento de este principio de licencia única elimina en la práctica el coste de tener que someterse hasta a diecisiete regulaciones distintas para operar en España.
Los principales aspectos de la ley son la licencia única y legislación de origen; restricciones al sometimiento de autorizaciones y requisitos prohibidos; cooperación administrativa, y procedimiento ágil de resolución de conflictos.
Ley de Unidad de Mercado
La ley (en Proyecto) está inspirada en el principio de licencia única y legislación de origen, que ya funcionan en el Mercado Único Europeo. De esta forma, cualquier producto o servicio producido al amparo de cualquier normativa autonómica podrá ser ofertado en todo el territorio nacional sin necesidad de trámite adicional.
La ley atiende a una reclamación generalizada de los operadores económicos, de las patronales empresariales y de los inversores, tanto nacionales como extranjeros. Son numerosos los organismos que han destacado la necesidad de introducir una mayor simplificación administrativa en España. El Consejo Europeo, en sus Recomendaciones a España en el procedimiento del Semestre Europeo, establecía la necesidad de "eliminar los múltiples obstáculos al ejercicio de la actividad resultantes de la existencia de normas múltiples y superpuestas establecidas por los distintos niveles de Gobierno".
La medida, que está incluida en el Plan Nacional de Reformas, permitirá a España mejorar en los rankings internacionales de competitividad.
Cooperación administrativa
Esta ley está basada en la confianza y el reconocimiento mutuo y en la responsabilidad de todas las administraciones. Se basa en la colaboración ex ante y ex post para el control y la supervisión.
En concreto se regulan mecanismos de cooperación entre Administraciones Públicas para la elaboración de proyectos normativos con objeto de preservar la coherencia de los mismos. Las memorias de impacto normativo de leyes nuevas de todas las administraciones tendrán en consideración su impacto en la unidad de mercado.
Se establece un procedimiento de intercambio de información especial y abreviado entre administraciones y entre autoridades de origen y destino para el ejercicio de las funciones de supervisión. Asimismo, se establece la integración de una base de datos común de los diferentes registros sectoriales de AA.PP.
Las conferencias sectoriales van a servir de instrumentos para impulsar la buena regulación y solucionar problemas de unidad de mercado que afecten a ciudadanos, empresarios y profesionales.
Además, se crea el Consejo para la Unidad de Mercado, un órgano de cooperación administrativa para velar por el cumplimiento de la ley. El Consejo estará presidido por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y contará con la participación de los consejeros del ramo de las Comunidades Autónomas. También formarán parte del Consejo la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa -que ocupará la Secretaría-, la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y la Subsecretaría de Presidencia.
El Consejo tendrá las funciones racionalizar la normativa e impulsar cambios para la eliminación de obstáculos a la unidad de mercado. También hará seguimiento de los mecanismos de cooperación y en particular velará por la efectiva integración de los registros sectoriales. Coordinará igualmente la actividad desarrollada por las conferencias sectoriales en materia de unidad de mercado. La Secretaría del Consejo, entre otras funciones, elaborará un informe semestral de análisis y evaluación de la situación regulatoria del mercado.
Solución ágil y económica a conflictos
Este Anteproyecto habilita por primera vez a los operadores a acudir a la futura Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en caso de que entiendan que actos o sanciones de las Administraciones Públicas vulneran la unidad de mercado y por tanto obstaculizan la libre circulación de sus productos o servicios.
La CNMC deberá decidir en un plazo de cinco días sobre la procedencia de la solicitud. Si la admite a trámite, el organismo interpondrá recurso ante autoridad judicial, lo que podrá significar la suspensión automática del acto recurrido. De esta forma se evitan los costes de tiempo y dinero que suponen a las empresas y profesionales esperar a una resolución judicial para ejercer sus actividades económicas.
Por otro lado, para garantizar la igualdad de condiciones de las empresas y profesionales en todo el territorio nacional, esta ley incluye el principio de no discriminación. Esto evita, por ejemplo, que sea requisito necesario para dar una autorización a una empresa que los empleados de una ésta hayan recibido cursos de formación en esa CC.AA.
Propuesta de los autónomos
A pesar de la buena opinión
acerca del Proyecto, la Unión de Profesionales y Trabajadores AutónomosUPTA
considera que el proceso para impugnar las diversas normas que pudieran ser
contrarias a las disposiciones de la futura Ley es demasiado lento y
dificultoso (hay que acudir a organismos intermedios administrativos y en todo
caso a la jurisdicción contencioso administrativa). En este sentido, Sebastián
Reyna, secretario general de UPTA, asegura que "se podrían articular sistemas
más ejecutivos, como el que ahora se anuncia en la próxima Ley de Tratados
en el Exterior, que permite a la Administración Central anular
preventivamente diversas normativas, hasta la sentencia definitiva de los
tribunales".
En todo caso, UPTA considera
que el Proyecto es un buen paso para conseguir la homogeneidad y no
discriminación entre empresas en todo el ámbito nacional.
Además, según señala la propia asociación, la actualidad determinadas normas de
las CCAA, o incluso del Estado, reservan actividades cuya autorización resulta
exclusiva para sociedades de personas o capital, de forma directa o indirecta,
bien haciéndolo expresamente o exigiendo requisitos, como la existencia de
estatutos y poderes notariales. Estos instrumentos en el caso de las
personas físicas son inexistentes, así se limita el acceso a actividades como
Agencias de viajes, Agencias Financieras, Corredurías de Seguros o Agencias de
Colocación, por poner algunos ejemplos.
También esta situación alcanza al acceso a los contratos públicos, ya que determinadas administraciones exigen la existencia de capital social, lo que es sólo posible en personas jurídicas, cuando deberían solicitar tan solo la solvencia empresarial, sea esta de persona física o jurídica, que no queda limitada al capital social suscrito.
