El vicepresidente del CGPJ dice que convocar una huelga de jueces "no tiene sentido". Explicó que la huelga es un derecho constitucional que no se puede negar a los jueces. Hasta ahora, había voces que ponían en entredicho la capacidad de los jueces de declararse en huelga.
El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, ha considerado que mientras existan alternativas y diálogo, la posibilidad de una huelga de jueces no tiene sentido. A su juicio, sería un fracaso para todos los ciudadanos y provocaría que la Justicia dañara más su propia actividad. El vicepresidente aseveró que la Constitución Española «no restringe» el Derecho a la huelga, porque es un Derecho Constitucional que a los jueces «no se les puede negar, como cualquier persona que ejerce un trabajo» en España. Sin embargo, añadió que «hay que normalizar y no hay que polemizar».
La ausencia de una Ley de Huelga está dando lugar a situaciones de abuso y de indeterminación que un país democrático no se puede permitir. No han faltado voces que se han aventurado a decir que a los jueces no les asiste este Derecho. El martes, Gabriela Bravo, portavoz del CGPJ, en declaraciones públicas hacía sólo tímidas afirmaciones al respecto, afeando en todo caso la opción. En esta línea, el vicepresidente del órgano de gobierno de los jueces señaló que "como en toda situación de huelga mientras hay diálogo, mientras el Ministerio de Justicia ha convocado a una reunión a las asociaciones judiciales y mientras desde el CGPJ se está implantando un plan de modernización e instando al Ministerio y liderando el decálogo de reclamaciones que hacen los jueces, la huelga en sí no tiene sentido".
De Rosa consideró la huelga como "el resultado de un fracaso en el diálogo" dado que, a su juicio, "ya no existe otra alternativa". Así, estimó que cuando hay posibilidad de cumplir lo que han reclamado los jueces y las asociaciones, y llegar a buen puerto, carece de lógica que se convoque la huelga; porque ésta sería un "fracaso para todos los ciudadanos y haría que un servicio como la Justicia se dañara mucho más en su propia actividad".
En este sentido, entendió la huelga "como la última solución" y explicó que actualmente se siente "muy optimista", ya que el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, "ha rectificado en sus últimas manifestaciones y ha convocado a las asociaciones de jueces, y el lunes reunirá al Consejo", lo que significa que "hay una idea de diálogo", por lo que hay "estar esperanzados en que se va a alcanzar ese objetivo de una justicia de mayor calidad y mejor para la ciudadanía", resaltó.
Postura del Ministerio de Justicia
El Ministerio de Justicia, que está descalificando la postura de los jueces, ha ofrecido las siguientes cifras:
- A lo largo del año pasado, tras finalizar las fases de oposición y concurso y después de realizar su curso-selectivo o periodo de prácticas, tomaron posesión en sus respectivos destinos cerca de 5.000 nuevos funcionarios al servicio de la Administración de Justicia. El personal se repartió entre los cuerpos de secretarios judiciales, médicos forenses, tramitación procesal, auxilio judicial y gestión procesal.
- Además, el pasado mes de noviembre el Ministerio de Justicia convocó 5.493 plazas con el fin de atender las necesidades de personal al servicio de la Administración de Justicia, correspondientes a la oferta de empleo público para el año 2008.
- Durante 2008, 2.153 funcionarios, entre interinos y de carrera, recibieron formación continuada a través de los presupuestos del Ministerio. Además, 395 interinos se acogieron a la formación personalizada mediante tutorías, realizadas en órganos judiciales por Justicia.
- El Ministerio de Justicia ha creado entre los años 2005 y 2008 un total de 1.148 plazas de jueces y fiscales (684 de jueces y 464 de fiscales). La previsión para este año es poner en funcionamiento 150 nuevos órganos jurisdiccionales y 100 nuevas plazas de fiscales.
- El año pasado la partida destinada a la modernización tecnológica y de comunicaciones fue de 66,92 millones de euros, mientras que la de infraestructuras y equipamiento alcanzó los 61,73. Este año, Justicia ha dedicado de su presupuesto 72,29 millones para el capítulo de modernización tecnológica y 63,49 para el de infraestructuras.
