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29/03/2024. 09:22:55

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EN LA FACULTAD DE DERECHO DE ESADE

Jueces piden poder parar procesos de desahucio en caso de encontrar indicios de cláusulas abusivas en hipotecas

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En España, las ejecuciones hipotecarias han crecido un 134% en 2012, según datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial, que alerta de la “creación de un conflicto social” ante esta problemática creciente. Con este trasfondo, la Facultad de Derecho de Esade celebró una mesa redonda para analizar la realidad de las ejecuciones hipotecarias con argumentos técnicos. Magistrados y abogados representantes de entidades financieras y defensores de la dación en pago, asistieron a este encuentro en el que se señaló la dificultad de establecer qué son, jurídicamente, los criterios abusivos en las cláusulas de las hipotecas.

La jornada de ESADE donde los jueces piden poder tener poder de decisión sobre clausulas abusivas

En la actualidad la paralización de determinados procesos de ejecución hipotecaria responde a las diferentes interpretaciones que realizan los jueces de la Ley. Esta situación cambiará, según Francisco Javier Pereda, presidente de la Sección 14 de la Audiencia Provincial de Barcelona, cuando en breve se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esta sala jurisdiccional comunitaria estudia, actualmente, si el procedimiento hipotecario español es conforme con el derecho comunitario en la medida que no permite que se paralicen los lanzamientos hipotecarios para analizar si existen o no cláusulas abusivas. ¿Quiere saber de qué se trata esto? 

Para Francisco Javier Pereda la decisión de la justicia europea atañe a un problema -el de los desaucios- que "es jurídico, social económico, político y ético y como tal debe abordarse desde todas estas perspectivas". El magistrado apunta que este pronunciamiento del Tribunal Europeo supondrá un paso muy importante para los distintos procesos abiertos aunque reclamó "prudencia" hasta que sea una realidad.

Pereda aseguró que el reto es ver si el Tribunal Europeo adopta la doctrina que apunta la Abogada General según la cual los jueces no solo pueden sino que están obligados a actuar de oficio y analizar si una cláusula es abusiva y en el caso de considerarlo no aplicar la ejecución hipotecaria.

Dación en pago

Por su parte, el abogado Martí Batllori, uno de los promotores de la dación en pago, reclamó que en la situación de crisis actual se requieren "soluciones severas", así como un cambio legislativo, tal y como existe en diferentes países europeos, que permita regular la situación de sobreendeudamiento que viven muchas familias. Para Batllori estos cambios estructurales deben complementarse con medidas coyunturales como la paralización de los desahucios, la dación en pago retroactiva y los alquileres sociales.

Ignacio Fernández de Senespleda, abogado experto en entidades financieras, afirmó que sólo un tercio de los desahucios corresponden a casos de préstamos para la adquisición o reforma de la vivienda habitual. Fernández de Senespleda aseguró que los desahucios son la "última alternativa" para las entidades financieras y señaló que "el verdadero problema es que en España hay mucha pobreza y los desahucios afectan a aquellas personas que no tienen posibilidad de refinanciación". En este escenario surge la dación en pago, una opción que para Fernández de Senespleda, "no es la solución" porque en estos casos el problema de la vivienda persiste. Ignacio Fernández de Senespleda concluyó asegurando que no puede mezclarse el sobreendeudamiento con el acceso y el derecho a la vivienda porque se trata de cuestiones distintas.

Por su parte, Juan Ignacio Sanz, profesor de la Facultad de Derecho de Esade, destacó que la diferencia entre España y otros países muy afectados también por la situación económica actual como Grecia o Italia en relación a las ejecuciones hipotecarias, radica en el hecho de que "en estos países el sobreendeudamiento es sobre todo del Estado mientras que en España afecta mucho más a las familias".

La jornada contó también con la participación de Sergio Llebaría, catedrático de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de Esade; y Francisco José Peláez, abogado y director del Área de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de Esade.

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